La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe le solicitó a las Cámaras de Apelaciones en lo Penal de esa provincia que, en el plazo de 30 días, le informen sobre el estado procesal de varias causas que estarían a punto de prescribir y que involucran a ex funcionarios públicos. El pedido del tribunal tuvo en cuenta distintos trascendidos que hacen “referencia a la prescripción -dispuesta o inminente” de las causas que involucran al ex intendente de la Municipalidad de Santa Fe, Carlos Martínez, al ex arzobispo de la Diócesis santafesina, Edgardo Storni, al ex vicegobernador, Antonio Vanrell, y los casos relacionados con la Caja de Jubilaciones de la Provincia, Banco Provincial de Santa Fe, IBM-Banco de Santa Fe y Fibraca Construcciones. La Corte pidió las fechas de inicio de cada causa, el estado procesal actual y las etapas procesales más significativas que se hubieran materializado. Y también, la misma información de aquellas causas que se estimen pertinentes en atención a su trascendencia social e institucional.
Justicia
Dos efectivos de la Policía Federal fueron procesados por "apremios ilegales y vejaciones" en perjuicio de un anciano con problemas cardíacos, quien se resistió a salir como testigo de la detención de una prostituta en el barrio de Flores, en el año 2002. El auto de procesamiento, sin prisión preventiva, fue dictado por el juez de Instrucción Facundo Cubas y recayó sobre el cabo primero Patricio Osvaldo Gómez y el cabo Eduardo Marcelo Miranda. Ambos están acusados de haber golpeado a Arturo Ignacio Arratibel, quien como consecuencia del ataque sufrió un preinfarto del que en un principio se recuperó parcialmente, aunque meses después derivó en un nuevo problema cardíaco que le causó la muerte antes de que llegara a reconocer a sus agresores en rueda de sospechosos.
Prisión Preventiva
Cuatro de los detenidos por el secuestro y crimen de Santiago Miralles, el niño de 6 años asesinado en Canning hace 12 días, fueron procesados ayer con prisión preventiva. Otros dos apresados recuperaron su libertad. La medida fue dispuesta por el juez federal de Lomas de Zamora, Alberto Santa Marina, quien procesó a Abel Domínguez Farías, Henry Alexander Coito Machado, Ana Isabel Machado Vargas y Enrique Eloy Coito Piriz. Los acusó de coautores del delito de «secuestro extorsivo seguido de muerte» y les trabó embargo sobre sus bienes por 500 mil pesos a cada uno. Santa Marina también decretó la falta de mérito para el imputado Jorge Alejandro Fernández, de 18 años y declaró la inimputabilidad en el caso del adolescente apresado, de quien dispuso su entrega provisoria a su madre. Los padres de la víctima manifestaron su conformidad por la decisión judicial.