Por ese motivo reseñó nuevas denuncias recibidas por la organización internacional que dan cuenta de que luego de la resolución tomada por el juez Félix Mathus, hace menos de un mes, en la que ordena “en forma inmediata, brindar las condiciones de higiene mínimas que deben reunir los pabellones del Complejo Boulogne Sur Mer (Unidad 1) de Penitenciaría Provincial, con el objeto de hacer desaparecer el estado de indignidad, inhumanidad y degradación que padecen los internos allí alojados”. En dicha resolución el magistrado también consideró que debía entregarse “en un plazo de 10 días a los internos alojados en el Complejo Boulogne Sur Mer (Unidad 1) de la Penitenciaría Provincial, de los colchones y ropa de cama adecuados y necesarios para un alojamiento digno”, dentro del mismo plazo el Juez establece el acceso al suministro de agua potable y agua caliente, la reparación de las instalaciones eléctricas, la desinfección y limpieza del establecimiento y la ampliación de los horarios de recreos, entre otros.
No obstante, según Cahill, ha habido recientes denuncias de nuevos hechos de violaciones de derechos humanos en la Penitenciaria Provincial. En una de ellas, hecha ante el fiscal de la Unidad Fiscal Nº 1 de Mendoza en el mes de julio pasado, abogados de derechos humanos señalaron la situación de Ricardo David Videla Fernández, uno de los adolescentes con condenas perpetuas y alojados en el Pabellón de máxima seguridad Nº 2, mezclado con adultos. Según señalaron, el 22 de junio Videla Fernández apareció ahorcado en su celda con un cinturón.
La denuncia ante el fiscal señala las condiciones del Pabellón 2, lugar también visitado por la delegación de Amnistía Internacional y en donde se pudo constatar un alto hacinamiento, celdas de tres por tres compartidas por más de cuatro personas, carentes de luz, baño y colchones de manera que duermen en el piso. Celdas en donde los presos deben hacer uso de baldes y botellas para sus necesidades fisiológicas y en donde pueden pasar encerrados mas de 20 horas. En fecha anterior, el 13 de junio, en una visita de miembros de la Comisión Local de Seguimiento de Políticas Penitenciarias, se registró que Videla Fernández se encontraba castigado en el Pabellón 2 en las condiciones inhumanas y degradantes en que permanecen los detenidos de dicho pabellón, en donde además se restringen las visitas y se ha informado que ha continuando en actividad grupos penitenciarios encapuchados, según señaló Cahill.
Asimismo, en la carta expresan su alta preocupación debido a que en el mes de julio se registraron dos motines en la Penitenciaria Provincial, situaciones en donde se informó los detenidos tomaron de rehén a un guardia carcelario en cada ocasión. Por ello, Amnistía Internacional recordó a las autoridades provinciales el informe de diciembre de 2003 del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria. En su informe, el Grupo, que visitó recintos carcelarios incluyendo los de la Provincia de Mendoza, en el 2003, concluyo que “Estas malas condiciones, que se señalan como de larga data, pueden limitar, y de hecho limitan, el derecho a una adecuada defensa en juicio de los privados de libertad. Si bien el grupo es consciente que la inseguridad ciudadana es un problema de preocupación principal en el país, el descuido y la desatención de los derechos de los detenidos no constituyen un medio efectivo para luchar contra ese problema, sino que, al contrario, lo agrava.”.
Amnistía Internacional ha lamentado profundamente que a pesar de las recomendaciones hechas por parte del juez provincial y del grupo de trabajo de las Naciones Unidas, además del fallo del 18 de junio de 2005 por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos “la situación cruel, inhumana o degradante de los presos en la Penitenciaría Provincial claramente no ha tenido ninguna mejoría”.