Tal como estaba previsto, la Comisión de Acuerdos que preside el senador Jorge Yoma se reunió este miércoles en el salón Arturo Illia de la cámara baja para llevar a cabo la audiencia pública de 17 candidatos al cargo de juez y camarista. Sólo ocho senadores estuvieron presentes.
Los aspirantes y los cargos para que se los propone son: Luis Alberto Catardo, para la Sala VIII de la Cámara del Trabajo; Carlos Alberto Vera Barros, para el Juzgado Federal Nº 3 de Rosario; Virginia Simari, para el Juzgado Nacional Civil N° 75; Liliana Rodríguez Fernández, para el Juzgado Nacional del Trabajo N° 17; Héctor César Guisado, para la Sala IV de la Cámara Laboral; Héctor Hugo Vitale, para el Juzgado Comercial Nº 4; Paula María Hualde, para el Juzgado Comercial Nº 9; Horacio Francisco Robledo, para el Juzgado Comercial Nº 25; y Marta Graciela Cirulli, para el Juzgado Nº 6 de ese mismo fuero.
La lista de los que estuvieron presentes se completa de esta manera: Martha Beatriz Gómez Alsina, para el Juzgado en lo Civil Nº 102; Oscar Alberto Hergott, para un Tribunal Oral en lo Criminal Federal de la Capital; Pablo Marcelo García de la Torre, para el Juzgado de Instrucción Nº 43; Gustavo Javier González Ferrari, para el Juzgado de Ejecución Penal Nº 2 de la capital, Walter Ricardo Bento, para el Juzgado Federal Nº 1 de Mendoza; y Mario Alberto Scotto para el Juzgado de Instrucción Nº 26.
Los candidatos que recibieron impugnaciones fueron María Estela Blanco, candidata para el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1 de Mendoza y Oscar Zas, aspirante para integrar la Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. A este último se lo acusó de no prestar colaboración con el fuero Contencioso Administrativo, cuando su juzgado laboral debió funcionar como secretaría del mismo para atender los reclamos originados por el “corralito”.
Con respecto a este último, el senador Yoma sostuvo que “la impugnación debería haberse presentado ante el Consejo de la Magistratura“ y que “la inmensa mayoría de estos casos no fueron responsabilidad de los magistrados, sino que derivaron del colapso de los juzgados”.
En el caso de Blanco, el presidente de la Comisión de Acuerdos pidió postergar por unos días el tratamiento de este pliego hasta que se pueda conocer el pronunciamiento de la Cámara (tiene un juicio por un accidente de tránsito en San Rafael). “No es vinculante para este cuerpo el trámite en otro poder del Estado, pero creo que es lo más conveniente esperar el pronunciamiento de segunda instancia. Si no se da en los próximos días, vamos a avanzar con el dictamen”, agregó.
Durante la audiencia, Carlos Alberto Vera Barros respondió dos consultas del senador Nicolás Fernández (no estuvo presente) acerca de su opinión sobre el sistema difuso de control de constitucionalidad y sobre la función del sistema penal acusatorio. Sobre la primera consulta, el candidato dijo que “no surge de la Constitución Nacional, surge especialmente de la jurisprudencia en Estados Unidos, y debe ser hecho de oficio”. Además dejó en claro que es partidario del control de constitucionalidad, “pero centralizado, en la Corte”. Respecto de la otra consulta sostuvo que se debe “aplicar el espíritu y letra del sistema acusatorio”.
Por su parte, Liliana Rodríguez Fernández, aspirante al Juzgado Nacional Nº 17 del Trabajo, contó la situación actual de ese juzgado, donde cumple funciones como juez subrogante. “Hace cinco años que el juzgado está funcionando sin juez titular. Hay un equipo de trabajo muy bien dispuesto, pero se nota la falta de juez todos estos años”, dijo. Y agregó: “La falta de un juez creó un cuello de botella en el dictado de sentencias”.
Durante la audiencia, Paula María Hualde resaltó que
“la Justicia Comercial en general está saturada”, mientras que Horacio Francisco Robledo, ante una pregunta del senador Massoni, sostuvo que “los jueces no tendrían que tener ese privilegio de no pagar el impuesto a las ganancias”.
A su vez, Oscar Alberto Hergott, propuesto para integrar un Tribunal Oral en lo Criminal Federal de la Capital, criticó el sistema de juicio por jurados. “En este momento tengo ciertas dudas sobre la eficacia del sistema de juicio por jurados. Podía ser viable para 1853 o 1860, pero hoy por hoy tengo dudas de que ese mecanismo pueda resolver el problema de la Justicia”, explicó.
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