04 de Noviembre de 2024
Edición 7084 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 05/11/2024

Confirman diez procesamientos por contrabando informático

La decisión de la Cámara en lo Penal Económico colocó en la antesala del juicio oral a los miembros de una organización que se dedicaba a la importación clandestina de procesadores, placas, memorias y discos rígidos que ingresaban de contrabando dentro de monitores y gabinetes de PC, valiéndose de irregularidades en un depósito fiscal. En su momento, una investigación del diario Clarín estableció que esa organización proveía al 70% del mercado nacional.

 
La Sala "B" de la Cámara en lo Penal Económico, integrada por Carlos Pizzatelli, Marcos Grabivker y Roberto Hornos, confirmó los procesamientos dictados en primera instancia por el juez Marcelo Aguinsky.

En su momento y por medio de una resolución de 146 páginas, el magistrado analizó minuciosamente la maniobra, que por su inusual magnitud mereció también consideraciones poco frecuentes: "Mucho se ha hablado en estos últimos años de lo que eufemísticamente se ha dado en llamar la Aduana Paralela. Más allá de si los hechos de este legajo hayan o no sido parte de lo que técnicamente fue aquélla investigación, lo cierto es que -reflexionando luego de la detenida lectura de la causa- puede concluirse que tal definición parecería reflejar, nada más y nada menos, la existencia de algún grupo de funcionarios aduaneros que se auto designan en los hechos como jefes de sus propias aduanas para ponerlas al servicio de empresarios que buscan obtener indebidas ventajas económicas respecto de sus competidores", había expresado el juez en su resolución.

Aguinsky también reconocía que "en otros supuestos en trámite por ante este juzgado se ha podido detectar que ni siquiera los propios autores de las maniobras investigadas resultan totalmente conscientes de la gravedad de su accionar, al cual se lo interpreta como una picardía de mercado. La realidad muestra que casos de este tipo -amén de ser una prueba de la deuda que los creadores del sistema de depósitos fiscales privados mantienen con las exigencias de eficacia- son una mezcla de dos de los grandes males de la sociedad actual: la corrupción y la evasión de los tributos, que en fatídica conjunción distorsionan gravemente el mercado legal y desmoralizan a los hombres de bien dispuestos a custodiar honradamente los intereses del Estado y sus ciudadanos.

Una de las modalidades de las maniobras investigadas, consistía en que "se ocultaban componentes de computación de pequeñas dimensiones dentro de gabinetes y/o monitores de computación, que serían ajenos a la composición electrónica de éstos y que no estarían declarados junto a ellos. Al arribar los monitores o gabinetes a poder de los imputados se procedía a su desarmado y al retiro y -por ende- al ingreso a plaza del contenido oculto. No obstante ello, en oportunidad de ser allanadas la bodegas de Edcadassa del Aeropuerto Ministro Pistarini, dentro de los monitores antedichos se hallaron elementos de computación ajenos a su composición electrónica (módulos de memoria y procesadores -ver acta de fs. 932/vta). Este hecho se imputa también en grado tentado", según surge del expediente.

Otra de las modalidades consistía en la delaración de valores subfacturados ante el servicio aduanero mediante "despachos de importación en los cuales se documentaron mercaderías cuyos valores declarados serían menores que los reales, con el consecuente perjuicio fiscal en cuanto al no pago de los tributos correspondientes a los verdaderos guarismos. Todo ello con la supuesta falsificación de los instrumentos comerciales presentados."

"Para la consecución de estos hechos delictivos se sospecha que se utilizó una estructura organizativa previa, formada al efecto de la comisión de delitos, en la que tomaron parte más de tres personas físicas, y en la que Bernardo Ortiz de Latierro (actualmente con orden de captura en Interpol) tomó parte en calidad de jefe", afirmaba el magistrado al momento de dictar la resolución que resultó confirmada.



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