20 de Diciembre de 2024
Edición 7117 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 23/12/2024

Modificaciones en la estructura del Ministerio de Justicia

El Poder Ejecutivo ha modificado la estructura del organismo que fue establecida por el Decreto 357/2002. Algunas de las reformas se concentran en la Secretaría de Asuntos Penitenciarios y en la Subsecretaría de Política Criminal. El Ministerio incorpora a su competencia al Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo. TEXTO COMPLETO

 
Con ese fin se ha publicado el Decreto 988/2005, por medio del cual se ha sustituido el Anexo I del art. 1° del Decreto 357/2002 y sus modificatorios -Organigrama de Aplicación de la Administración Pública Nacional centralizada-.

Así los nuevos objetivos de la llamada Subsecretaría de Coordinación e Innovación son, entre otros, la asistencia al ministro de Justicia y Derechos Humanos en el diseño de la política presupuestaria de la jurisdicción y en la evaluación de su cumplimiento, como así también la asistencia a las unidades ejecutoras de las distintas categorías programáticas, en la formulación y programación de la ejecución presupuestaria y en las modificaciones que se proyecten durante el ejercicio financiero, coordinar los proyectos del Ministerio financiados por organismos internacionales, diseñar y ejecutar proyectos de innovación y mejora de la gestión y de calidad de las distintas dependencias del Ministerio, etc.

Por otra parte, los objetivos de la Secretaría de Justicia han sido fijados en el sentido de ser el órgano que asistirá al Ministro en sus relaciones con el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Defensor del Pueblo, el Consejo de la Magistratura y el Congreso de la Nación, como también lo hará en sus relaciones con ONG del ámbito profesional, judicial, académico y social. Asimismo será la encargada de intervenir en los programas de reforma judicial, y de asistir al Ministro en la intervención que le compete en la organización del Poder Judicial y en el nombramiento de los magistrados, en la elaboración de anteproyectos de reforma y actualización legislativa y entender en el ordenamiento y compilación de normas jurídicas y supervisar las acciones del “Sistema Argentino de Informática Jurídica”.

Además, la Secretaría de Justicia será la encargada de planificar las actividades de los Registros a cargo del Ministerio como autoridad de aplicación, de desarrollar actividades de colaboración en materias de su competencia con las provincias y organismos oficiales y privados, mediante la prestación del apoyo y cooperación necesarios para optimizar la realización de sus tareas, de asistir al ministro en el seguimiento del trámite parlamentario de los proyectos de competencia de la jurisdicción y en lo relacionado con el ejercicio constitucional del veto, en la intervención que requieran los litigios en que el interés del Estado nacional o sus entidades descentralizadas pueda verse comprometido, sin asumir la calidad de parte en el juicio, etc.

En otro orden de ideas se han organizado los objetivos de la Subsecretaria de Asuntos Registrales que será la encargada de asistir al Secretario de Justicia en el análisis de los asuntos legislativos sometidos a su consideración, en la elaboración de políticas legislativas de carácter general, en sus relaciones con las comisiones de estudio que se desempeñen en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y en la coordinación de los planes y programas existentes o a crearse en el área de la Secretaría y coordinar los de su competencia. Por último, también deberá ejecutar la coordinación de los registros dependientes del área.

Los objetivos de la Secretaria de Política Criminal y Asuntos Penitenciarios estarán relacionados con la política criminal de la Nación y las acciones a seguir en la materia; entenderá en la elaboración de anteproyectos normativos en las materias de su competencia; asistirá al ministro en la administración de la política y programas penitenciarios, reforma penitenciaria y ejecución penal y, en su caso, propondrá políticas y programas relativos a la problemática penitenciaria y la ejecución penal en todos sus segmentos; desarrollará políticas comunes con organismos internacionales y otros países, en especial los limítrofes, en esa materia; entenderá en las acciones relativas al Programa Nacional de Protección a Testigos e imputados; coordinará los planes y programas existentes o a crearse en el ámbito de su competencia, dirigirá estudios, investigaciones y estadísticas referentes a cuestiones de Política Criminal y Prevención del Delito; y por último, entenderá en la coordinación de la Unidad Especial de Investigación del atentado terrorista perpetrado el 18 de julio de 1994 contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA).

Además, tendrá a su cargo la Subsecretaria de Asuntos Penitenciarios, cuya función principal será la asistencia del Secretario de Política Criminal y Asuntos Penitenciarios en la política penitenciaria, en la reforma penitenciaria y en la ejecución penal.

Por otra parte, también ha sido sustituido el Anexo II del art. 2° del Decreto 357/02 y sus modificatorios. Así se ha determinado que los nuevos objetivos de la Secretaría de Derechos Humanos serán, entre otras cosas, la asistencia al ministro de Justicia en todo lo concerniente a la elaboración, ejecución y seguimiento de las políticas, planes y programas para la promoción y la protección de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, comunitarios y los derechos de incidencia colectiva en general. Además, será la encargada de supervisar el accionar del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), que ha sido incorporado al Anexo III del art. 3° del Decreto 357/02.

Por último, han sido delimitados los objetivos de la Subsecretaria de Promoción y Protección de Derechos Humanos cuya primordial función será la asistencia al Secretario de Derechos Humanos en la relación con los diversos poderes del Estado, en el ámbito de la promoción y la protección de los derechos humanos, como así también deberá elaborar los planes y programas específicos en materia de promoción y protección de los derechos humanos individuales y colectivos y supervisar su ejecución, entre otras cosas.



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