En tanto el presidente Fernando De la Rúa había analizado profundamente el complicado asunto jurídico, político y diplomático con estos dos ministros y el canciller, Adalberto Rodríguez Giavarini. A este último, le dijo que apreciaba el pedido de Garzón pero la Argentina se ajustaría a estricto derecho interno. Estas son las opiniones de los personeros gubernamentales vertidas a diferentes medios durante la mañana de hoy.
Ricardo Gil Lavedra:
- No están dadas, en principio, las condiciones para la extradición de los militares y ex oficiales argentinos, por lo que no serían procedentes las órdenes de captura que libró el juez (español) Baltazar Garzón.
- Entiendo que no procede la extradición respecto de las personas imputadas. Algunos ya fueron juzgados y también hay causas abiertas pendientes. No es posible enjuiciarlos dos veces.
- Los delitos que les endilga Garzón, genocidio y tortura, en nuestro país no estaban tipificados como tales cuando, en los años ochenta, ocurrieron los hechos. Las leyes de obediencia debida y punto final y los indultos que beneficiaron a los militares en cuestión, que no pueden ser desconocidos sin violar el orden jurídico.
- El pedido de Garzón adolece de muchos defectos, ya que no sólo confunde momentos históricos sino que también el juez omitió remitir cierta documentación indispensable y olvidó o confundió los datos filiatorios de quienes pretende arrestar, a tal punto de considerar que (el ex almirante) Emilio Massera es panameño.
Federico Storani:
- El tipo de reclamos cursado por Garzón se solucionaría con la creación de una Corte Penal Internacional, que la Argentina ya suscribió, aunque tampoco podría juzgar hechos cometidos hace veinte años, cuando no existía.
- Es extremadamente difícil la extradición. Las imputaciones hechas por el magistrado (Garzón) son tan genéricas que desembocarían en no procedente. De todos modos será la Justicia argentina quien decida.
- Si el juez hoy dice que sí están dados los recaudos previstos (para la extradición) y procede al arresto, nadie lo puede impedir, y las fuerzas de seguridad le prestarán la colaboración necesaria.
- Creo que las Fuerzas Armadas deben tomar el tema como institución, porque hubo personas que no honraron a las Fuerzas Armadas, pero no creo que este caso, bajo ningún concepto, tenga la repercusión internacional que tuvieron otros.
- Para que sea viable la extradición debería contener tipificaciones exactas que coincidan entre la legislación española y la argentina. Además, para dar curso al pedido de Garzón tendría que mediar una situación de urgencia, que en este caso no se verifica.
- Hay cambio de actitud del gobierno de la Alianza UCR- FREPASO. Mientras el gobierno de Carlos Menem se amparó en un decreto que emitió para cortar todo tipo de colaboración, el gobierno de Fernando de la Rúa se maneja con la ley vigente, que es de cooperación en materia internacional sobre extradición.
- Los tratados de extradición no funcionan automáticamente. Son muy rigurosos. Tienen que decir si el tema por el cual se lo requiere existe en ambas legislaciones. Y si existe con exactitud, porque no puede ser aproximado tratándose de materia penal.
- Una persona no debe ser juzgada dos veces por la misma causa, ya que en el caso argentino, a diferencia de otros países latinoamericanos, la Justicia juzgó y condenó a algunos militares por violaciones a los derechos humanos.
- Mientras el ex dictador Augusto Pinochet cuando fue arrestado en Londres era senador vitalicio de Chile, en este caso su equivalente, que podría ser Jorge Rafael Videla, no sólo ya ha sido juzgado, condenado y cumplió parcialmente la pena, sino que actualmente está procesado.
- En Argentina están siendo procesados actualmente muchos de los requeridos en ese pedido de la Justicia española.
- Estoy de acuerdo con la creación de un tribunal internacional para el juzgamiento de delitos de lesa humanidad.
Pero mientras las naciones europeas y Estados Unidos muestran sus reparos por un tribunal internacional, dejan que se produzcan estos conflictos cuando actúan jueces extranjeros en jurisdicción extranjera.