A pocos días de decidirse el futuro de los cinco consejeros porteños acusados de mal desempeño, la Asociación de Abogados de Buenos Aires salió a denunciar serias “anomalías” en el proceso de juicio político. Los letrados congregados en la institución hablaron de “vicios jurídicos” y de intereses políticos.
A través de un comunicado, al que tuvo acceso este medio, los abogados destacaron que el proceso se inició “sin que existiera denuncia previa” pese a que la Constitución de la Ciudad (en su artículo 94) ordena "investigar los hechos en que se funden las acusaciones". Ello “impone que un juicio político no pueda iniciarse sobre la base de una mera enunciación de supuestas cuestiones incriminatorias, sino sobre hechos fundados”, dijeron.
A su vez, aclararon que “la falta de fundamentos del pedido de remoción atenta contra el debido proceso e impide el correcto ejercicio del derecho de defensa de los acusados”.
Entre las irregularidades, la entidad mencionó también la forma en que se inició el proceso: mediante el voto de todos los legisladores en el plenario. Para los abogados se violó la Carta Magna de la Ciudad, puesto que debería haber actuado primero la Comisión Investigadora. “El plenario actuó como una Comisión Especial prohibida por el art.18 de la Constitución Nacional, con el cual concuerda el art. 13 inc.3 de la Ley Fundamental de los porteños”, manifestó la AABA.
Por todo ello, la entidad que preside Horacio N. Acebedo reclamó que se resuelvan previamente los incidentes de nulidad abiertos ante la Comisión Investigadora, y denunció que el procedimiento se inició “sin mediar un reglamento de trámite”, el que fue dictado a posteriori de la decisión de investigar a los consejeros.
“Las causales de mal desempeño por las que se los ha acusado no han sido debidamente precisadas, ni es evidente que haya legítimos motivos para juzgarlos, siendo nulo de nulidad absoluta lo actuado por la falta de observancia de la ley de procedimientos administrativos y del procedimiento penal aplicable en subsidio”, resaltaron los abogados.
Por último, la AABA dijo que “es indispensable aventar las sospechas que circulan públicamente de que este juicio político ha sido incoado al sólo efecto de que algunos legisladores obtengan cargos para sus partidarios y puedan congraciarse con algunos jueces de la Ciudad, para lo que necesitarían expulsar a quienes fueron legítimamente electos en su momento”.
La Legislatura promovió a fines de 2004 juicio político contra los seis consejeros (uno ya renunció) pertenecientes a los estamentos de abogados y legisladores del Consejo de la Magistratura de la Ciudad. Hace dos semanas la Comisión Investigadora recomendó acusar a todos los funcionarios. El próximo paso es crucial en el proceso. Esta semana la Sala Acusadora (tiene 45 miembros) debe decidir si se inicia el juicio propiamente dicho. Para ello se necesitan 30 votos.
Los funcionarios acusados son Carlos Rosenfeld, presidente, y los consejeros Juan De Stéfano, Bettina Castorino (quien habría recibido el ofrecimiento de un cargo en la defensoría porteña y podría renunciar ante de conocerse el dictamen), Diego May Zubiría y Magdalena Iraizoz.
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