Ni el diputado Helio Rebot ni la diputada Alicia Bello decidieron acompañar el pedido de juicio político de Rosenfeld. En diálogo con este medio, Rebot argumentó que, a diferencia de los otros funcionarios judiciales cuestionados, Rosenfeld asumió este año y, por lo tanto, no le cabía la misma responsabilidad que al resto. Rosenfeld era consejero suplente y fue nombrado al renunciar Abel Fleitas Ortiz de Rozas, quien ocupó un cargo en el Ministerio de Justicia en la época de Gustavo Béliz.
En referencia al caso del actual presidente del Consejo, el legislador Fernando Melillo (ARI) dijo: "nosotros queríamos una semana más para estudiar el tema y fundamentar en qué caso acompañábamos y en que caso no. Pero una vez que se habilitó el tratamiento de los proyectos, voté afirmativamente todas las iniciativas porque no quiero quedar como que estoy encubriendo a alguien".
Los legisladores aprobaron, de esta forma, iniciar las actuaciones contra seis consejeros, los tres representantes de los abogados y los tres de la Legislatura. Sin embargo, hubo algunos legisladores que no acompañaron la medida. La presidenta del bloque del Frente Grande, Laura Moresi, se opuso totalmente al tratamiento sobre tablas del pedido de juicio político. "Tenemos que cuidar las instituciones, y esto merece un estudio profundo que no se puede hacer si tratamos este tema sobre tablas", aseguró.
Lo importante fue que la decisión estuvo apoyada por representantes de una amplio espectro político, desde la Izquierda hasta el mismo Recrear. Ahora, debe intervenir la sala acusadora, integrada por 45 de los 60 legisladores. La primera reunión está prevista para el 9 de noviembre.
La sala acusadora designará una comisión especial compuesta por trece miembros quienes llevarán a cabo la instrucción de todas las causas. Luego, ésta sala debería emitir un dictamen acusatorio, para lo cual son necesarios más de 30 voluntades. De prosperar la acusación, las actuaciones pasarán a la sala de juzgamiento, que integran los otros 15 diputados. Para que haya destitución de cada consejero, se necesitan 10 votos sobre 15.
Los integrantes de cada sala ya fueron determinados por sorteo, cuando por ese mecanismo se determinó la duración de los mandatos. Sin embargo, la sala acusadora se reunió una sola vez, en un caso que luego fue desestimado.
El juicio político está motivado en la falta de explicación o incompleta documentación enviada a los legisladores y contradicciones en que incurrieron los consejeros que asistieron a la Legislatura, en el marco de la discusión del Presupuesto 2005. “No cometieron delitos, sino mal desempeño en sus funciones”, aclaró un legislador, quien además aseguró que es “muy probable” que avancen las actuaciones a la luz del consenso entre las diferentes fuerzas que quedó evidenciado en la última sesión.