La acusación “se sustenta en un cuadro de conductas, referidas a su función de instructor de procesos judiciales, y de la dirección del tribunal a su cargo, que demuestran un profundo abandono de las cualidades exigibles para la mantención de su calidad de juez” afirma el dictamen elaborado por el consejero Juan Minguez, quien investigó las tres denuncias contra Fariz, una de ellas presentada por Julio Piumato, titular de la Unión de Empleados de la Justicia Nacional.
Fariz esta acusado de cometer varias irregularidades. Una de ellas es el maltrato a sus empleados a los que utilizaba para tareas personales y con los cuales tenía actitudes amenazantes. Además, dice el dictamen, Fariz violaba “las pautas reglamentarias referidas a los ascensos conforme escalafón, fundándose en argumentos falaces e, incluso, discriminatorios e ilegales”.
También se lo acusa de la mala tramitación de causas de tráfico de drogas y contrabando y la manipulación del sistema de elección de conjueces, “con fines contrarios al principio de imparcialidad”.
Otras dos irregularidades que se le imputan a Fariz es “el trato otorgado a los abogados, mostrándose como evidentemente desigual en favor de aquellos que integraran su otrora estudio -en el cual ejerciera previo a su nombramiento en el cargo-, o que patrocinan actualmente a antiguos clientes o amigos personales”. Y se le reprocha la forma de cobro del canon del inmueble donde funciona el juzgado en la que esta involucrado el sobrino de Fariz.
El dictamen fue aprobado por unaminidad de los consejeros presentes, Marcela Rodríguez, Maria Leila Chaya, Juan Minguez, Beinusz Szmukler y Luis E. Pereira Duarte. Este último no votó la acusación por la locación del inmueble.
Para que la acusación llegue a juicio político debe ser aprobada por el plenario del Consejo que la tratará este jueves en su reunión plenaria. Si esto ocurre Fariz quedará suspendido en su cargo hasta que el Jurado de Enjuiciamiento decida si lo destituye o no. Actualmente Fariz tiene licencia por “depresión”.