Los ex ministros de justicia del gobierno de Néstor Kirchner, Horacio Rosatti y Gustavo Beliz, fueron citados a declaración indagatoria por el juez federal Claudio Bonadio por el mal estado de las cárceles federales. También deberán presentarse ante el juez los ex secretarios de Justicia y Asuntos Penitenciarios, Pablo Lanusse, María José Rodríguez, y los actuales director y subdirector del Servicio Penitenciario Federal, José Soria y Amalia Toro, respectivamente, y el director de Política Criminal, Mariano Ciafardini. Las declaraciones comenzarán a partir del 16 de septiembre. Bonadio entiende en una causa, que se abrió por las denuncias de los presos y sus familiares por las malas condiciones de vida en las cárceles, donde investiga supuestas irregularidades en la administración de los establecimientos federales. Las citaciones fueron dispuestas por el juez luego de recorrer las cárceles de Villa Devoto, Ezeiza y Marcos Paz donde constató algunas deficiencias.
Inocentes
Tres denuncias por presunto enriquecimiento ilícito contra ex funcionarios de los gobiernos de Carlos Menem y Eduardo Duhalde fueron desestimadas debido a que se consideró que no estaba demostrado administrativamente que hubieran incrementado en forma desmedida su patrimonio. La decisión fue adoptada por el juez federal Daniel Rafecas en distintas causas que involucran a Héctor Fernández, ex secretario privado de Carlos Menem, y a Jorge Baeza González, quien se desempeñó como secretario de Asuntos Militares cuando Oscar Camilión era ministro de Defensa. La medida también benefició al senador justicialista por Chaco Jorge Capitanich, que fue ministro de Economía durante la semana que duró el gobierno de Adolfo Rodríguez Saá y Jefe de Gabinete de Eduardo Duhalde.
Recusación
El Gobierno porteño recusó al juez en lo contencioso administrativo y tributario de la Ciudad de Buenos Aires Roberto Gallardo, que había inmovilizado los fondos de la comuna para conceder un subsidio de $205 a los hijos menores de edad de cartoneros y desocupados. De esta manera, Gallardo quedó momentáneamente apartado del expediente hasta tanto la Cámara de Apelaciones resuelva si lo confirma o lo remueve de la investigación. A su vez, la cámara deberá sortear otro juez para que interinamente se haga cargo del expediente, y en caso de confirmarse el apartamiento de Gallardo, continúe al frente de la causa. La inmovilización de los fondos fue apelada por el gobierno porteño, pero el expediente llegó a la cámara con "efecto devolutivo", es decir que mientras el tribunal de alzada revisa la causa el Estado porteño debería pagar los subsidios de $205.