El Tribunal Superior de Justicia de Tierra del Fuego repuso en su cargo al gobernador de la provincia, Jorge Colazo, y suspendió el juicio político que la Legislatura fueguina sigue en su contra, hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo. La medida la tomaron los jueces María del Carmen Battaini, Mario Robbio y Ricardo Klass este lunes al hacer lugar a un recurso presentado por Colazo. “Es notorio que la suspensión del gobernador, objetada en cuanto a eventuales afectaciones al derecho de defensa en el marco del debido proceso, constituye una cuestión de extrema importancia institucional, que amerita urgente tratamiento y decisión” explicaron en su fallo los jueces. La decisión se baso “en atención al tiempo que insumirá la tramitación de la medida y a encontrarse comprometido el ejercicio de la titularidad de uno de los poderes públicos por la decisión de un órgano de otro poder, lo que indica la trascendencia que para el sistema republicano conlleva el acto impugnado”. La resolución es “en forma provisoria y sin que implique prejuzgamiento respecto de la procedencia de tutela requerida”. Además, el tribunal le corrió traslado al fiscal de estado de la provincia por el plazo de tres días. El viernes 9 de septiembre la legislatura suspendió por 60 días a Colazo, de origen radical y ahora devenido en kirchnerista, al entender que incurrió en mal desempeño de sus funciones por haber retenido fondos coparticipables del municipio de Río Grande y modificar partidas del presupuesto 2004 sin autorización de la Legislatura. En su lugar asumió el vicegobernador y presidente de la Legislatura, Hugo Cóccaro, peronista y enemigo político de Colazo.(texto completo)
Inocencia
La Cámara de Garantías del departamento Judicial de La Plata Penal excarceló al hombre acusado de haber causado las muertes de su mujer y su amante, arrojándoles un tacho de 20 litros de agua en estado de ebullición, supuestamente luego de haberlos sorprendido juntos en su cama, durante un tremendo caso ocurrido en mayo pasado en esta ciudad. Los camaristas de la Sala II, Sergio Almeida y Ricardo Szelagowski, entendieron que el caso debía encuadrarse legalmente como homicidio preterintencional y lesiones culposas. En ese contexto, y al cambiar la calificación del caso -la juez de garantías de La Plata Marcela Garmendia había encuadrado el caso como homicidio simple- la alzada le concedió al imputado el beneficio de permanecer en libertad mientras dure el proceso.
Confesión
Martin Montero, ex secretario del Ministerio de Justicia, durante la gestión de Gustavo Beliz, admitió hoy que desde esa cartera se pidió "un 25% más" en el presupuesto para la construcción de tres cárceles, por el incremento en los costos de la licitación, que finalmente fue anulada por el gobierno. Pero dijo que "de ninguna manera ha sido un aumento del 80% como se habla" en distintas versiones periodísticas. El tema ya está en la Justicia Federal. Por su parte, Ricardo López Murphy, consideró hoy que "no debe quedar impune" la causa judicial por presuntos sobreprecios en la construcción de tres cárceles, en Salta, Santa Fe y Buenos Aires. "Si (Horacio) Rosatti ha tenido la actitud de no firmar e impedir un escándalo, sería bueno que las dijera, que la sociedad conozca por qué se negó a firmar y de qué se trataba", reclamó. El proceso de licitación de las obras de construcción de las cárceles de Salta, Santa Fe, y Mercedes, fue anulada por el Ministerio de Planificación Federal el mismo día que trascendió que hubo presuntos sobreprecios y que la Justicia llamó a declarar a varios ex funcionarios.
Inversión
El Tribunal Superior de Justicia de Río Negro envío a la Legislatura provincial el proyecto de presupuesto 2006 para el Poder Judicial, donde solicitó $16 millones más de los que recibió el año pasado para gastos de personal, es decir sueldos. El proyecto de presupuesto fija los gastos para el año que viene en $83.922.000, de los cuales $70.661.000 corresponde a partidas de “personal”, y $13.261.000 para “funcionamiento”. Para el 2004 la Ley 3.903 de presupuesto le otorgó a la Justicia rionegrina $61.388.000 de los cuales $54.745.900 fueron para sueldos. Así, la diferencia de un año a otro para sueldos es de $15.915.100 más. Para elaborar el proyecto de presupuesto “se han tenido en cuenta los cargos necesarios de las estructuras en funcionamiento en la organización del poder más aquellas indispensables para cubrir las nuevas vacantes en las distintas dependencias que conforman el Poder Judicial, incluyendo los organismos que, a pesar de existir las respectivas leyes de creación por decisión del legislador, aún no fueron habilitados por inexistencia de previsiones presupuestarias con tal destino” establecieron los jueces en la acordada 11/2005 y que lo solicitado “se adecua a la situación socioeconómica y de las finanzas públicas del Estado vigentes al 31/07/2005”. También se aclaró en la acordada que el proyecto no contempla los gastos por la creación de nuevos organismos ni “otras previsiones en cuanto a las alteraciones que puedan aparecer en el futuro, ni se ponderan expectativas inflacionarias”.