Al declarar como testigo en el juicio oral que se realiza por los asesinatos de los piqueteros Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, el ministro de Interior, Aníbal Fernández, aseguró que durante el gobierno de Eduardo Duhalde, él siempre se inclinó "hacia el diálogo para tratar la fuerte conflictividad social que existía en el país".Además, el funcionario nacional lamentó la muerte de Santillán, a quien dijo haber conocido y a quien valoró por su "real vocación de ayuda". Fernández respondió las preguntas que se le hicieron en el juicio que se sigue en los tribunales de Lomas de Zamora a siete ex policías por esos asesinatos, donde consignó además "desconocer" el contenido de archivos de la SIDE referidos a esa cuestión.
Cromagnón
La Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura postergó por 15 días el tratamiento del dictamen presentado por el consejero Beinusz Szmukler que solicita se desestime la denuncia contra los jueces de la Cámara del Crimen, María Laura Garrigos de Rebori y Gustavo Bruzzone por liberar al gerenciador de Cromagnón, Omar Chabán. Szmukler investigó la denuncia contra los jueces que fue presentada por Jorge Casanovas el mismo día que los magistrados firmaron el fallo excarcelatorio. El mismo Casanovas pidió la postergación, fundamentando su pedido en que se habían recibido dos nuevas denuncias contra Garrigos de Rebori y Bruzzone que fueron presentadas por padres de victimas de la tragedia que se cobró la vida de 194 personas. La Comisión, que iba a tratar el dictamen este martes, aprobó el pedido y volverá a discutir el tema el próximo martes 4 de octubre. En dialogó con DiarioJudicial.com Szmukler explicó que Garrigos de Rebori y Bruzzone “fueron coherentes en su decisión en relación a lo que venían sosteniendo” y que otorgarle la excarcelación a alguien no es un motivo para acusar a un magistrado por mal desempeño ya que esa decisión “forma parte de la independencia de los jueces” fundamentó el consejero.
Aguas turbias
Ha trascendido que en el mes de octubre se dará a conocer el laudo arbitral que tramita ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), donde la Argentina fue demandada en el 2001, por la empresa concesionaria de Aguas de Buenos Aires, Azurix. El conflicto se originó en una controversia contractual cuando el gobernador Felipe Solá rescindió el contrato con la empresa alegando sucesivos incumplimientos por parte de la prestataria, y no como sucede con la mayoría de los casos que están pendientes en el tribunal arbitral, que se originaron con la declaración de emergencia económica. La demanda de la compañía francesa asciende a 566 millones de dólares. Según Azurix, la Argentina violó obligaciones que le imponía el acuerdo entre la Argentina y los Estados Unidos sobre Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, de 1991, en relación con sus inversiones en Aguas de Buenos Aires. Circunstancia que llevó a Azurix a solicitar al tribunal que declare que el país había incumplido dicho acuerdo al expropiar su inversión sin una compensación.
Normas
La Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires junto con la Legislatura porteña presentaron este martes, en un acto en el Salón San Martín de la Legislatura, la tercera edición del “Digesto de Normas Antidiscriminatorias”. La publicación reúne las normas nacionales y locales sobre la lucha contra la discriminación y pretende ser una herramienta de consulta para instituciones públicas, organizaciones civiles y vecinos de la ciudad interesados en la promoción y defensa de las garantías y los derechos humanos. La presentación estuvo a cargo de la defensora del Pueblo, Alicia Pierini; el vicepresidente de la Legislatura, Santiago de Estrada; el presidente de la DAIA, Jorge Kirszenbaum; Luisa Galli, del INADI; Carlos Eroles, de la Pastoral Social del Arzobispado de Bs. As.; y Norberto Rodríguez, de la Asociación Cristiana de Jóvenes.
Inversión
Desde el viernes pasado el Poder Judicial de Santiago del Estero cuenta con un nuevo juzgado. Se trata del primer juzgado en lo Concursal, Societario y Registral que funciona en la provincia. Su titular es Luis Cesar Mansilla. Fue creado a través de la Ley 6721/05 y se creo con el objetivo de descomprimir el trabajo de los juzgados civiles de primera instancia que están desbordados de letigiosidad.