Se trata de Raúl Armando Rico, director titular de ATC SA hasta la intervención impuesta por el Gobierno de Carlos Menem en diciembre de 1995, cuando se hizo cargo de la administración del canal estatal el cordobés Germán Kammerath. Al tener en cuenta una posible causa civil, Brugo le trabó además a Rico un embargo por un millón y medio de pesos.
El ex director se suma así Enrique Osvaldo Álvarez, ex vicepresidente Ejecutivo del canal, procesado por el mismo delito por orden de la Sala B del fuero penal económico, que declaró nulo un auto de falta de mérito anterior.
Asimismo, el juez Jorge Brugo citó para el próximo 7 de noviembre a indagatoria a Héctor Fernández, director suplente del directorio en la época en la que se realizó la supuesta evasión.
La suma adeudada a la Dirección General Impositiva alcanza el monto de 1.457.500 pesos, mientras que en la causa está acreditado que el Tesoro de la Nación aportó a ATC SA durante ese período entre marzo y noviembre de 1995 un millón de pesos por mes. Los defensores de los acusados plantearon la imposibilidad material de cumplir con las obligaciones, lo que fue descartado por el juez al dar por acreditado el monto de seis millones que ingresó en el lapso de seis meses en el que no se pagaron los aportes.
La evasión agravada por la que se dictaron los procesamientos sanciona al agente de retención que no depositare, total o parcialmente, los montos de las retenciones y percepciones de la obligación impositiva de terceros, en este caso de los impuestos a las ganancias y del IVA.
Al fundamentar el mérito de los procesamientos de Rico y de Álvarez, se sostuvo que “desde el punto de vista subjetivo, es necesario que la conducta del contribuyente sea dolosa, en el sentido de tener la voluntad de no ingresar al fisco las sumas que fueran retenidas, a pesar de tener la conciencia de que existe el deber de realizar la conducta ordenada”.
Sobre el mismo punto, el juez dejó sentado que “las calidades en que fueron investidos los imputados en una empresa de la envergadura de ATC S.A. como sociedad del estado que es, no permiten considerarlos ajenos a la maniobra desplegada y que se encuentra bajo análisis, más aún frente a los objetivos elementos probatorios incorporados” en la causa.
Los seis millones de pesos aportados por el Ministerio de Economía en el lapso de los seis meses que duraron los incumplimientos hasta que los imputados debieron renunciar a sus cargos tras la intervención, aparecen como “transferencias de gastos corrientes”, en algunos casos utilizados para el mantenimiento de automotores y el pago a choferes.
Los salarios, en ese período que desembocó en un concurso de acreedores ante la crisis financiera de la sociedad, eran pagados con aportes del Tesoro y del Comité Federal de Radiodifusión (Comfer), según lo aseguró Álvarez –quien se había desempeñado con anterioridad durante 30 años en la producción de programas televisivos para Canal 13- en su indagatoria.
En esa declaración, quien fuera vicepresidente del canal aseguró que era Rico quien se reunía con los funcionarios de Hacienda por las partidas presupuestarias, y que “se pagaba lo que se podía y a quien se podía”, es decir, “a los empleados y al personal”.
Respecto de los fondos del canal, Álvarez admitió que ATC “nunca tuvo un presupuesto, sino que le hacía un pedido al Ministerio de Economía, el que después de mucho pedir remitía las mismas. ATC SA era deudora de todos: de empresas de servicios, del fisco, y el manejo financiero se hacía de acuerdo a lo que el Ministerio de Economía dispusiera”.