Los escritos, a los que tuvo acceso DiarioJudicial.com, fueron dirigidos al ministro de Justicia de la Nación, Alberto Iribarne, en el marco del Decreto 588 del 2003. Esa norma, firmada por el presidente Néstor Kirchner, permite que diversas asociaciones y ciudadanos puedan presentar sus opiniones respecto de los candidatos a jueces. Ese período de presentaciones, de 15 días, finalizó el lunes y este medio quiso averiguar si tanto la de Guglielmino como las candidaturas de los otros dos candidatos recibieron otras observaciones, pero desde el Ministerio respondieron que hasta que toda la información de la terna no sea dada a conocer a los candidatos y elevada al Poder Ejecutivo, esa información no puede ser suministratada.
Mientras que AABA impugnó la candidatura de Guglielmino y le solicitó al Poder Ejecutivo que “se abstenga de pedir el acuerdo” al Senado Nacional para que Guglielmino sea camarista, la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Poder Ciudadano, Unión de Usuarios y Consumidores y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) presentaron observaciones a las respuestas de Guglielmino ante el Consejo que “resultan preocupantes y requieren especial consideración”, expresaron en su escrito presentado este lunes, mientras que AABA lo hizo el viernes pasado. Un miembro de una de estas ONG le aclaró expresamente a este medio que lo presentado no es una impugnación.
Vale recordar que la terna para ocupar la vacante de vocal en la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal viene con tropiezos. Data del 2002 y el Consejo ya había elevado una terna, pero Jorge Alemany, uno de los concursantes con posibilidades de quedar seleccionado, recurrió a la Justicia para que anulen la decisión del Consejo. La Justicia le dio la razón y le ordenó al Consejo realizarla nuevamente.
El 28 de julio el Consejo elevó al Poder Ejecutivo una nueva terna pero, nuevamente, Alemany no fue incluido. Finalmente quedó conformada en el siguiente orden de merito: Ernesto Marinelli, titular del Juzgado Nacional Nº 1 en lo Contencioso Administrativo Federal, Guglielmino, quien fue 13 años juez en lo Contencioso Administrativo Federal, y Alfredo Gusman, fiscal en la Contencioso de la Ciudad de Buenos Aires.
En relación a las opiniones presentadas por AABA y las ONG, las mismas son por los dichos de Guglielmino ante el plenario del Consejo de la Magistratura durante la entrevista pública que se realiza a los candidatos antes de conformar la terna. Allí, a Guglielmino le preguntaron sobre la legitimación activa de organizaciones de la sociedad civil, el posible conflicto de intereses entre su actual cargo de procurador y la designación como camarista y las audiencias en privado con los abogados.
Sobre el primer tema, cuando a Guglielmino le preguntaron cual era su criterio, respondió que “es restringido al máximo posible. No sólo no comparto el criterio amplio, sino que tengo el concepto de criterio más restringido posible”, se desprende de la versión estenográfica de la sesión.
Para las ONG la respuesta de Guglielmino “puede significar la imposibilidad de obtener protección judicial para importantes derechos y garantías de grupos vulnerables o minoritarios que en general han encontrado en las acciones colectivas el único cauce para acceder a la Justicia” y para AABA “es la concepción más conservadora que se pueda tener dentro del amplio espectro jurisprudencial y doctrinario, aun anterior a la reforma constitucional de 1994.”
En relación a posibles conflictos de interés que se podrían presentar al ser camarista en lo Contencioso luego de pasar por la Procuración del Tesoro de la Nación, Guglielmino respondió: “No me imagino la hipótesis”. Para las ONG esa respuesta es “cuestionable” y “ambigua” ya que “no se comprende si se refirió a la imposibilidad de que se dé esta situación fáctica o a si interpreta que en esos casos no se comprometería el principio de imparcialidad que debe regir en toda clase de proceso”.
“Nunca dijo si se excusaría en los casos en los que la Procuración del Tesoro de la Nación representó los intereses del Estado en los miles de juicios que existen en su contra” expresó en su escrito la AABA.
Cuando la consejera Marcela Rodríguez le preguntó si es necesario que en las audiencias con abogados este presente la contraparte, Guglielmino dijo que no. Para la AABA de esa respuesta “se desprende un total desinterés por prevenir lo que se conoce en la jerga como “alegatos de oreja” y que “ni siquiera hizo mención a la Acordada CSJN 7/2004 en la que los integrantes del alto tribunal dispusieron que en las audiencias que ellos otorguen deberán estar ambas partes”.
“A nuestro juicio, esta posición es criticable porque podría afectar la igualdad de armas requerida para la tramitación de todo tipo de proceso y podría afectar la imparcialidad de quien debe decidir el caso” entendieron las ONG que también señalaron la acordada de la Corte Suprema.
Además, la asociación de abogados impugnó la candidatura de Guglielmino por una denuncia que tiene en la Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura y por la supuesta falta de trasparencia en la contratación del estudio jurídico estadounidense Mayer Brown, Row & Maw para la defensa del país ante el CIADI.
Ahora, el Poder Ejecutivo analizará la impugnación de AABA y las observaciones de las ONG y decidirá cual de las tres candidaturas envía al Senado de la Nación para ser designado como juez de la Sala III de la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal.
Sobre este punto es importante señalar que durante la entrevista en el Consejo Guglielmino dijo que si es elegido camarista, pero el gobierno le pide que continué como procurador, él seguirá en su actual cargo. “Si las autoridades nacionales me piden que siga siendo procurador a pesar de que esté definida la cuestión, yo voy a seguir siendo procurador porque me parece que es una función, en este momento, esencial, y lo tendría que hacer por una vocación republicana” explicó Guglielmino quien en agosto cumplió un año como Procurador del Tesoro de la Nación.