La decisión la tomó el Juzgado en lo Penal Nº 1 de Badajoz que también le aplicó una multa por 1.080 euros. La misma sanción económica y un año de cárcel recibió el hermano del principal condenado como cómplice del delito.
La Justicia constató que los 12 rumanos trabajaban en la recolección de la aceituna en una finca de Badajoz. Todos eran inmigrantes ilegales, no tenían ni permiso de residencia ni de trabajo. Tampoco tenían cobertura social y cobraran menos de lo que indica el convenio laboral de su actividad.
Además, los dos condenados les habían facilitado un lugar para vivir pero el edificio estaba en malas condiciones de habitabilidad e higiene constató la Justicia.
La situación de los inmigrantes se descubrió el 5 de noviembre de 2004 cuando agentes de la Guardia Civil e inspectores de Trabajo y Seguridad Social encontraron a los rumanos en las condiciones descriptas.
En su fallo, la juez entendió que los hechos constituyen un delito contra los derechos de los trabajadores. La sentencia se encuentra firme porque hubo acuerdo entre la fiscalía y la defensa.