El banco de datos contiene información de 750 causas judiciales donde empresas, funcionarios, políticos y particulares están imputados por delitos como fraude contra el Estado, soborno, lavado de dinero, quiebras societarias, vaciamiento de bancos y otros. Las causas pertenecen al fuero federal (407 de ellas), el ordinario (116), el penal económico (131) y el tributario (84). Procesar toda la información llevó dos años y medio.
“La conclusión mas evidente es que la estrategia de persecución penal de delitos económicos en la Argentina ha demostrado un fracaso. Esto es algo que se nota en diferentes indicadores que aparecen dentro de la base”, le explicó a DiarioJudicial.com Pedro Biscay, director ejecutivo del CIPCE y el encargado de la presentación oficial de la base de datos que se realizó este martes en el Centro Cultural General San Martín y de la que participaron periodistas y representantes de ONG y la justicia.
Los indicadores a los que hace referencia Biscay dan cuenta que de las 750 causas analizadas surge que el 90% están en etapa de instrucción (439 casos) y sólo en el 3% hubo condenas, es decir en 14 casos. Del resto, 39 causas (el 7%) están en los tribunales orales y las demás se encuentran en distintas etapas procesales.
De los 10.144,7 millones de dólares en perjuicios por delitos económicos, el 86% (8.724,4 millones) se radicaron en el fuero federal. Mientras que el ordinario se denunciaron pérdidas por 597,6 millones, en el penal económico por 603,4 y en el nuevo fuero penal tributario por 215,7.
Dentro del fuero federal, de los 8.724,4 millones de dólares, el 87% (7.546,82) se encuentran en los tribunales de Comodoro Py y el 13% (1.177,62) en el resto de las jurisdicciones.
El objetivo de la Base de Datos, se explicó durante su presentación, es que sirva para desarrollar políticas de prevención, control de delitos económicos y detectar casos en los cuales se puede recuperar bienes obtenidos ilícitamente. Además, establecer el daño social que esta clase de delitos produce.
Sobre este punto se hizo hincapié, al considerar que el perjuicio por los delitos económicos traen como consecuencia la violación al conjunto de los derechos humanos. “Un claro ejemplo de ellos constituyeron los 13 millones de pesos repatriados por el caso IBM-Banco Nación, número equivalente al dinero que el prepuesto nacional destinó en el 2005 al programa de atención de grupos vulnerables del Chaco”, puntualizó Biscay.
La consigna de la presentación fue “Detrás de cada funcionario acusado hay un empresario corrupto” y todos los que expusieron coincidieron que la corrupción no es patrimonio exclusivo de la actividad pública sino que un alto porcentaje se da en empresas privadas.
El Banco de Datos contiene información de causas judiciales registradas entre 1980 y 2005. La mayoría corresponde a fraudes bancarios de los años 80 y la corrupción de los 90, aunque también hay información sobre fugas de capitales durante el gobierno de De la Rúa y algunas causas iniciadas en los últimos tiempos.
La información que contiene el Banco de Datos es pública y puede ser consulta desde hoy en las oficinas del CIPCE. Próximamente se prevé que este publicada en internet.
Si bien nadie cargó las tintas sobre algún juez en particular, la diputada Marcela Rodríguez (ARI) señaló que desde el Consejo de la Magistratura se están aplicando los correctivos necesarios para sanear aquellos sectores de la justicia que necesitan renovarse y pasar a ser más confiables para la sociedad.
La diputada consejera defendió la tarea del cuerpo que integra. "El proceso de selección de jueces es mucho más transparente que el de los fiscales", agregó Rodríguez, como queriendo marcar un contrapunto del que no dió (ni nadie pidió) mayores precisiones.