28 de Junio de 2024
Edición 6995 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 01/07/2024

El Consejo no quiere perder sus bancas políticas

Un proyecto de ley del Poder Ejecutivo apunta a reducir sus integrantes de 20 a 12 y llevar el número de legisladores de ocho a tres. La iniciativa comenzó a analizarse la semana pasada en el Senado. A la reforma se oponen diputados y senadores del cuerpo judicial y cuentan con el apoyo de representantes de otros estamentos.

 
Desde su sanción, en 1998, la Ley 24.937 del Consejo de la Magistratura Nacional no sufrió importantes modificaciones. Pero, pareciera, que en el Senado de la Nación creen que ha llegado la hora de hacerlo. Es que la Comisión de Asuntos Constitucionales de la cámara alta comenzó a analizar la semana pasada tres proyectos para reformar diversos aspectos del cuerpo judicial.

Una de las tres iniciativas, a las que accedió DiarioJudicial.com, propone reducir a 12 los 20 miembros actuales del Consejo. Se trata de un proyecto enviado por el Poder Ejecutivo en el 2003, cuando Gustavo Beliz era ministro de Justicia, que formó parte de un amplio paquete de reformas judiciales y seguridad, como la ley de juicios por jurados, pero que no tuvieron serios avances legislativos.

Con esa reducción los que más perderían representación serían los legisladores nacionales: de los ocho actuales (cuatro diputados y cuatro senadores) pasarían a ser tres, dos diputados y un senador. Del resto de los estamentos, los jueces y abogados pasarían de cuatro a tres, mientras que el representante del Poder Ejecutivo y los dos académicos se mantendrían. Quien no formaría más parte del Consejo es el Presidente de la Corte.

“Yo creo que es un criterio absolutamente equívoco”, le dijo a DiarioJudicial.com el diputado radical Juan Mínguez, quien en diciembre dejará el Consejo, una opinión compartida por otros legisladores del cuerpo. “La superación de esta institución no pasa por limitar la participación del sector político” afirmó Mínguez.

Para la consejera diputada del ARI Marcela Rodríguez “lo que hace este proyecto es eliminar la representación de las minorías y darle un mayor peso a la representación de los jueces”. Con ella coincide su par en el Consejo, la diputada Maria Leila Chaya. “No estoy de acuerdo para nada con el proyecto. No creo que el Consejo sea un órgano monopolizado por jueces y por abogados y nos excluyan a los que tenemos una representación de la legitimación popular” afirmó Chaya, que también se va en diciembre.

“Los jueces estarían cerca del bloqueo” le dijo off the record un senador a este medio. La referencia es porque el proyecto mantiene la necesidad de contar con las 2/3 partes de los consejeros presentes en el plenario para sancionar o acusar a un juez. Es decir, con 8 de los 12 miembros.

Pero los legisladores no son los únicos que se oponen a la reducción. “Yo he sido siempre critico de la composición actual del Consejo de la Magistratura pero creo que en este momento es inoportuno hacer algún tipo de reforma” le dijo a este medio el consejero abogado Luis Pereira Duarte.

Con él coincidió el consejero y juez federal de Salta Abel Cornejo. “Estoy en contra de cualquier tipo de reforma porque creo que hay que afianzar la calidad institucional. No creo que sea bueno que permanentemente haya una suerte de amenaza de reforma más en un cuerpo que ha costado integrarlo”.

Esto último se relaciona con los cuatro años que tuvo que esperar la ley que creó el Consejo para ser sancionada en el Congreso de la Nación. “La reforma de la Constitución se juró un 24 de agosto de 1994 y esta ley recién pudo ser promulgada en el año 1998 y tuvo un gran debate legislativo en Diputados” recordó Chaya. “A las instituciones hay que observarlas en el tiempo con distintos cambios históricos y si luego de varios lustros de continuo funcionamiento es necesario un cambio entonces hay que evaluarlo” analizó Cornejo.

El consejero diputado del PJ Jorge Casanovas prefirió hacer un análisis jurídico del proyecto. “El tema central es que el Consejo apareció como un sistema injertado, de raíz continental, en un sistema constitucional de tipo americano. Entonces aparece disputándole porciones de poder a los tres poderes del Estado. A la Corte, en cuestiones de presupuesto y sanciones, y al Congreso y al Poder Ejecutivo. Entones, primero habría que establecer el sistema y después ver que mejoras se le hace”.

Lo que el proyecto no establece, como si lo hace la ley actual, es de qué sector político serían los tres representantes del Poder Legislativo. Para Rodríguez “los tres van a representar al PJ por lo tanto consolida una posición hegemónica dentro del Consejo”.

El proyecto de ley no sólo apunta a modificar el número de miembros del Consejo. Sino que se zambulle en otras 30 modificaciones. Algunas de las ellas son la posibilidad de abrir concursos de candidatos a jueces y aprobar ternas antes de que se produzcan las vacantes, explicita las causales de remoción de los integrantes del Consejo, el jurado de enjuiciamiento deja de ser permanente y se forma en cada juicio siendo sus integrantes elegidos por sorteo también para cada juicio y establece un plazo de 120 días para la realización de los concursos públicos de antecedentes y oposición.

Inclusive una reforma apunta a un proceso de selección de los representantes del Poder Legislativo y Ejecutivo que ingresen al Consejo: deberán ser juristas y pasar por un procedimiento de publicidad de sus antecedentes.

Los otros dos proyectos que se analizan proponen reformas puntuales. El del diputado justicialista Gerardo Conte Grand, que ya tiene media sanción de la Cámara Baja, establece que el Consejo sea el encargo de reasignar la competencia material que corresponda a secretarías de tribunales de todas las instancias. La otra iniciativa es del senador radical Jorge Agundez y se limita a proponer reformas al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.

Las tres iniciativas comenzaron a ser analizadas el martes pasado en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, presidida por Cristina Fernández de Kirchner. Pero el debate tendrá un compás de espera ya que la Comisión no se reunirá esta semana.

Tanto Rodríguez como Casanovas le auguran un camino difícil en el Congreso. “Para ser aprobado necesita los dos tercios de las cámaras. Va a ser difícil modificar el equilibrio de una ley que costó cuatro años sacar” recordó Casanovas. “Le va a resultar difícil conseguir 129 votos en la Cámara de Diputados para avanzar en algo que vuela a todos los partidos de la oposición de la representación en el Consejo” dijo por su parte Rodríguez.

No hay dudas que el proyecto cuenta con el visto bueno del Gobierno: comenzó a analizarse en la Comisión que preside la senadora Cristina Kirchner, un dato político no menor. A esto tampoco es ajeno que a fin de año dejan el Consejo cinco de los ocho legisladores y en esos lugares la Casa Rosada quiere ubicar gente de confianza. ¿Habrá llegado la hora de una reforma integral al Consejo?



dju / dju
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