Al inaugurar este lunes el taller “Política criminal: de la reflexión académica a la acción gubernamental”, organizado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el Instituto Max Planck de Alemania, el Secretario de Política Criminal, Alejandro Slokar, aseguró que “el reto fundamental es la elaboración de una agenda político-criminal” en lo que respecta a la gestión gubernamental. Al referirse al workshop el funcionario destacó la relación de la Argentina con Alemania, y recordó la reciente visita –en abril pasado- del presidente Néstor Kirchner a ese país europeo, donde se constituyó en el primer mandatario argentino en conocer las instalaciones del Instituto Max Planck. Slokar recordó que en esa oportunidad, el presidente dejó en claro el fuerte compromiso de la Argentina por transformar la política de ciencia y tecnología en una política de Estado, subrayando que “aspiramos a un modelo basado en el desarrollo del conocimiento, como forma de integrarse al mundo moderno.” La Max Planck Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften (Sociedad registrada para la promoción de las ciencias Max Planck) es una organización alemana independiente de investigación científica declarada de utilidad pública. La institución se dedica a la investigación básica en las ciencias naturales, biológicas, humanas y sociales para el bien común.
Reclamos
Se trata de la primera demanda colectiva -conocida como acción de clase, para que su sentencia alcance a los nueve millones de afiliados del país- contra las AFJP, que ha sido presentada ante el Juzgado Comercial N° 16, por un grupo de afiliados al sistema de capitalización. En la demanda reclaman a las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones (AFJP) unos 14.000 millones de pesos por las pérdidas ocasionadas por el canje de la deuda pública realizado por el Gobierno. La denuncia fue realizada por la asociación civil Damnificados Financieros ya que entienden que las AFJP debieron "haber requerido autorización de los dueños de los fondos" antes de canjear este año los préstamos garantizados y las letras del Tesoro que tenían en su poder.
Denuncia
Una mujer que votó al Pro en las últimas elecciones denunció por "estafa" al diputado electo Eduardo Lorenzo Borocotó. No sólo le pidió a la Justicia que le impida asumir su cargo el 10 de diciembre, sino que le reclama también daño moral y una indemnización de $35.000 por abuso de confianza. Martha Alicia de la Fuente apoyó su reclamo judicial en que el médico pediatra suscribió una carta dirigida a su domicilio, que también firmaban Mauricio Macri y Santiago de Estrada, pidiéndole su voto para mejorar la situación de los jubilados. La propaganda de Pro que decía "nuestros mayores merecen más respeto... sabemos que el Estado los tiene abandonados, sin protegerlos ni ayudarlos", reconoció la denunciante que incidió directamente en su voto. La mujer se consideró "moral y materialmente estafada por abuso de confianza" por lo que reclamó que se le aplique a Eduardo Lorenzo Borocotó la figura de defraudación por abuso de confianza, que establece penas que van desde un mes hasta 6 años de prisión. Además reclama en concepto de daño moral y patrimonial, la suma de 35 mil pesos, que anticipadamente donó a la Cooperadora del Garrahan. Esta denuncia se suma a las que ya presentó el partido de Macri ante la Justicia electoral para que Borocotó no asuma su banca. La causa recayó en el Juzgado de Instrucción Nº 27, a cargo de Alberto Baños.
Un nuevo delito
Un proyecto de ley presentado por el diputado nacional Hugo Franco, pretende “tipificar el terrorismo como delito en la legislación nacional y declarar imprescriptible la acción penal, de conformidad con los tratados internacionales vigentes en materia de terrorismo suscriptos por la República Argentina”. Ya que en nuestro país, a pesar de los dos atentados terroristas ocurridos en la década de los noventa, no existe legislación que contemple este accionar como un delito, y llegado el caso de un nuevo atentado, por ahora, sus perpetradores sólo podrían ser penados por homicidio, lesiones, daños o el delito que correspondiera, pero no por el atentado en sí.
Nuevos nombres
Los jueces de Entre Ríos Bernardo Salduna, Juan José Papetti y Juan Carlos Ardoy representarán al Superior Tribunal de Justicia ante el Jurado de Enjuiciamiento provincial, durante el período 2006-2007. Los tres magistrados se desempeñan en las Salas del Superior Tribunal. Salduna es vocal de la Sala del Trabajo y Ardoy y Papetti presidente y vocal de la Sala en lo Civil y Comercial respectivamente. La decisión la tomó el alto cuerpo de la provincia que también nombró a Leonor Pañeda, Susana Medina de Rizzo y Carlos Chiara Díaz como miembros suplentes del Jurado. En Entre Ríos el Jurado de Enjuiciamiento está compuesto por dos legisladores (un diputado y un senador), tres miembros del Superior Tribunal y dos abogados de la matrícula provincial y es el organismo que investiga y resuelve en aquellos casos en los que se radica una denuncia contra un miembro del Poder Judicial o del Ministerio Público Fiscal o Pupilar, por mal desempeño de sus funciones.