El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Felipe Solá, volverá a insistir con un nuevo proyecto que propone un control más estricto de los jueces bonaerenses. La intención es crear una comisión en cada departamento judicial -integrada por representantes de los magistrados, abogados y trabajadores judiciales- para monitorear el trabajo de los jueces. Una propuesta similar había sido criticada duramente por la Corte Suprema y el Colegio de Magistrados de la provincia.
El resultado de las evaluaciones que realicen las comisiones serán elevadas a la Corte y a la Procuración General, quienes deberán hacer el análisis final sobre el funcionamiento de cada organismo.
Si hay juzgados cuya actividad está por debajo de los estándares estipulados, se los intimará a mejorar. Y si los superaran, ese antecedente servirá como reconocimiento para la carrera judicial del magistrado a cargo.
Actualmente, la superintendencia sobre la actividad de la Justicia la tiene la Suprema Corte, en el caso de los jueces, y la Procuración, con respecto a los fiscales y defensores. Pero en el Ejecutivo consideran que el “control” sobre los magistrados “no se ejerce adecuadamente” y que se debe descentralizar para hacer un seguimiento más correcto.
Esta iniciativa forma parte de un paquete de 17 propuestas vinculadas a la Justicia que el Ejecutivo provincial girará en breve a la Legislatura. No obstante, la mayoría de ellas ya fueron discutidas en la Comisión de Reforma Judicial que funciona en la cartera que conduce Eduardo Di Rocco.
El ministro de Justicia explicó que se propondrán cambios
a la Ley de Enjuiciamiento de Magistrados y se agregarán causales para el inicio del proceso. Además, adelantó que se
crearán nuevos juzgados y cámaras en distintos departamentos judiciales, para intentar paliar la sobrecarga de trabajo.
Otra de la reformas importantes tiene que ver con
la mediación penal. Este mecanismo podrá aplicarse en los delitos
cuyas penas no superen los 6 años de prisión. De esta manera, la mediación podrá aplicarse en los casos en que se investiguen hurtos, robos y asaltos menores cuyos autores no hayan utilizado armas de fuego. En estos casos,
el plazo de extensión del proceso será de 60 días, con una posibilidad de prórroga de 30 días más.
Con la misma premisa de evitar el inicio masivo de las demandas y acortar los procesos en marcha, el gobierno bonaerense pretende aplicar los procedimientos de mediación y conciliación en la Justicia Civil y Comercial.
En cuanto a los cambios a la Ley de Enjuiciamiento, se propone cambiar dos cuestiones centrales. La primera tiene que ver con la ampliación de las causales para llamar a un Jury. Y la segunda apunta a que la Suprema Corte también tenga potestad de promover el juicio, atribución exclusiva, hasta el momento, de la Procuración General.
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