El párrafo corresponde a una nota publicada por DiarioJudicial.com el 6 de junio de 2005. Pero la situación se mantiene en la actualidad. En junio pasado la defensoría de Ejecución Penal elaboró un informe que daba cuenta del excesivo número de causas que atendía por ser la única en el fuero. Esos números le fueron ratificados a DiarioJudicial.com la semana pasada.
El fuero de ejecución trata más de 18.000 causas, de las cuales el 95% recaen en la único defensoría oficial del fuero. De ellas, 3.200 corresponden a personas detenidas en Unidades Carcelarias de todo el país. Y aproximadamente 15.000 a personas en libertad pero con legajos abiertos, que implica entender en medidas de seguridad, suspensión del juicio a prueba y el cumplimiento de condena extramuros, como multas, inhabilitaciones y libertades condicionales. Sin embargo, el número exacto no existe.
“Acá no podemos hablar de número porque la cantidad de condenados sufre una variación diaria” le dijo a este medio Alberto Giordano, que junto a Daniel Belforte (ambos son defensores oficiales ante los jueces y la Cámara de Apelaciones en lo Correccional), se rotan en la subrogancia de la defensoría de Ejecución Penal, que está vacante desde el 1 de octubre de 2004 cuando se jubiló su titular, Rosendo Hermello.
“En este momento, en la defensoría de Ejecución Penal, contamos con el personal suficiente, aproximadamente 10 personas, como para poder cumplir acabadamente la tarea. De hecho, en los últimos cuatro o cinco meses consideramos que no tenemos atraso en la gestión” señala Giordano. Sin embargo, aclara que “atraso en la gestión, no implica necesariamente que podamos cumplir con las principales inquietudes de los condenados. Ya sean las libertades asistidas o condicionales o las salidas transitorias”.
El 30 de noviembre el Congreso de la Nación sancionó la Ley 26.070 por lo cual creó dos juzgados, una defensoría y una fiscalía más para el fuero de Ejecución Penal. “Una defensoría más va a aliviar muchísimo el trabajo. Por supuesto que una sola defensoría es poco para todo el trabajo que tenemos. Ahora si en el futuro existiera la posibilidad de la creación de una tercera defensoría, creo que nos permitiría ponernos total y completamente al día y ya trabajar con una mayor tranquilidad” analiza Giordano.
La ley sancionada por el Congreso establece que los dos juzgados y cada fiscalía y defensoría creados “comenzarán a funcionar dentro del término de 90 días contados desde las transferencias de los créditos presupuestarios” que debe asignar el jefe de Gabinete de Ministros, Alberto Fernández.
Para Giordano los problemas del fuero no radican en la Ley 24.660, que rige su trabajo, sino en cuestiones de estructura. “El problema principal en lo que se refiere al condenado no radica en la modificación de la Ley 24.660 sino que radica en la falta de elementos en la falta de estructura como para poder manejar esa cantidad de imputados. Tal es entendido así que justamente estamos hablando de que se acaba de sancionar una ley que esta creando mayor cantidad de defensorías, de juzgados y de defensorías”.
Además de las causas la defensoría atiende llamadas telefónicas y consultas personales de los familiares de las personas detenidas. “El 40% del trabajo de la defensoría es social en lo que se refiere al acercamiento de la familia a la defensoría de ejecución penal. Porque estamos hablando de condenados que no sólo están en Ezeiza, en Devoto o Marcos Paz, que son las unidades más próximas, sino que tenemos condenados desde el norte hasta el sur del país. Esos condenados no tienen otra posibilidad que mantener una comunicación telefónica y si tienen familiares cercanos a la defensoría de ejecución se acercan en forma permanente para conocer las novedades” explica Giordano.
El 5 de septiembre pasado la defensora general sustituta de la Nación, Stella Maris Martínez, estableció a través de la Resolución 1024/05 la obligación de todos los defensores oficiales de visitar a sus representados una vez al mes. Sobre el tema, Giordano afirmó que “no sólo que estamos cumpliendo sino que creemos que en aproximadamente cuatro o cinco meses, todos los condenados habrán sido entrevistados por el defensor de ejecución penal”.