“Todo ello agravia la independencia del Poder Judicial. Los jueces no pueden ser molestados por el contenido de las sentencias, como lo expresa claramente la normativa que regula el Consejo de la Magistratura Nacional y el Código Iberoamericano de la Cumbre de Presidentes de Cortes Supremas de Iberoamérica y, lo expresado en reiterados fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de San José de Costa Rica”, manifestó el organismo que preside Alberto Balladini.
Aunque la declaración a la que tuvo acceso DiarioJudicial.com no nombra a Catella, hace referencia explícita a su caso. “Para restituir la deteriorada confianza en las instituciones argentinas, debe fortalecerse el imperio de las normas de orden general por encima de los intereses sectoriales o circunstanciales, la Justicia debe mantener su independencia de criterio y de funcionamiento y los demás poderes deben contribuir a ese objetivo”, agrega.
El juicio político contra la juez misionera está en manos ahora de la Comisión Investigadora, que deberá determinar, en el término de 30 días, si la denuncia tiene sustento. Una vez realizado este paso, la Sala Acusadora, con los dos tercios de sus miembros (presentes) determinará si admite o no el enjuiciamiento de la ministra.
Para poner paños fríos a este conflicto de poderes, el titular del bloque justicialista en la Cámara de Diputados, Timoteo Llera, explicó que se admitió la denuncia contra Catella, para saber de qué se la acusa y proceder o no a su enjuiciamiento. Además, negó un presunto "avance del oficialismo sobre la Justicia" y sostuvo que el proceso se asemeja a que tuvieron que afrontaron los ministros de la Corte Suprema realizados a nivel nacional.
No obstante, distintos operadores políticos de esa provincia advierten que otros miembros del STJ también podrían ser acusados. Dicen que al igual que su colega Catella, primero rechazaron la apelación del intendente de San Vicente a su destitución y luego admitieron su último recurso que lo volvió a habilitar en el cargo.