Por infracción a los artículos 7 y 239 del Código de la materia, solicitando ab-initio se los condene a la pena de prisión que se requerirá en el estadio procesal oportuno, por razones de hecho y de derecho infra opuestas.
Cuando ocurrió la privatización de los servicios públicos, por ley 23696, el 10 % de las acciones del ente privatizado pasaron a ser propiedad de los empleados que se encontraban en actividad, a través de los programas de Propiedad Participada implementados por la citada ley, quedando dichas acciones obligatoriamente afectadas a un sindicato de Accionistas que se encargaba de administrarlas.
Las acciones de los empleados que por diversas razones dejaron de pertenecer a las licenciatarias (despidos, retiros voluntarios, renuncias, muerte) fueron re-compradas -conforme a la ley y sus distintas reglamentaciones- por un "Fondo de Garantía y Recompra" administrado por el mismo Sindicato de Accionistas.
Mediante las distintas asambleas digitadas por el Comité Ejecutivo del Sindicato de Accionistas, se despojó a los ex empleados de su propiedad accionaria sobre el "Fondo de Garantía y Recompra", siendo dos las Asambleas que puntualizaron dicha ilicitud. Distribuyó las acciones entre los empleados activos a un precio simbólico ocultando una donación y otra porque repitió la maniobra ordenando la venta del total de las acciones de dicho fondo y disponiendo distribuir el producido solamente entre los empleados activos.
Todo esto se agrava por el hecho en que por ese entonces el sindicato de Accionistas estaba intervenido por orden de un juez Federal de Mendoza, quien había desplazado las funciones del Sindicato de Accionistas en cabeza del interventor.
En esta segunda Asamblea se atribuyó poderes de los que carecía y a su vez -ambas asambleas- tomaron actos de disposición cuando la ley las facultaba exclusivamente a administrar las acciones.
La magnitud de la maniobra puede apreciarse si se tiene en cuenta que el "Fondo de Garantía y Recompra" posee aproximadamente 98.000.000 de acciones que cotizan a un promedio de 6,80 pesos cada una, por lo que hay en juego más de 650.000.000 pesos.
Se sospecha que existe un interés en los intermediarios de la operación para el cobro de las suculentas comisiones pactadas (más del 7 % del total) y de la licenciataria que estaría interesada en re-comprar sus propias acciones.