El amparo fue presentado en la Cámara Primera del Crimen, pero las sucesivas excusaciones hicieron que quedara a consideración del tribunal que formaron los conjueces Rubén Marigo, Gustavo Contín y Francisco Arrien, del Colegio de Abogados local. En principio los conjueces analizaron las características de la acción de amparo intentada y, sin que su resolución importe emitir opinión sobre la decisión final de la cuestión en debate, la consideraron admisible. Luego, atendieron a la procedencia de la medida cautelar solicitada por los actores y entendieron que estaba "acreditada la verosimilitud del derecho invocado".
Los magistrados consideraron que “de una lectura de la acción intentada como de los fundamentos de la misma surge “prima facie” acreditada la verosimilitud del derecho (fumus boni iuris) invocado. Ello surge de lo expuesto en el escrito de inicio a fs. 1 a 10 y 12 y, del texto del artículo 110, 120, 5 de la Constitución nacional y en especial del 199 inciso 4to de la Constitución Provincial que garantiza para los funcionarios y magistrados judiciales que su remuneración no será disminuida la “que deberá mantener su valor económico...” Esta garantía Constitucional se vería afectada según los actores en el 10,75% de su valor por la Resolución 369/01 cuestionada, como avasallada la independencia del Poder Judicial con el dictado del decreto 10/2001. Ambas disposiciones deberán ser objeto de conocimiento y decisión al resolverse la cuestión de fondo, pero es evidente que con las garantías constitucionales amenazadas se encuentra acreditada la verosimilitud del derecho.”
En los argumentos, los conjueces hicieron referencia al peligro en la demora, advirtieron sobre "el contenido alimentario del concepto remuneratorio afectado, único ingreso permitido a los actores, y la presumible ineficacia de una sentencia tardía para la reparación ulterior de los perjuicios causados", sin dejar de mencionar que "está en juego la independencia del Poder Judicial".
En este contexto de recortes saláriales, muchos magistrados y funcionarios rionegrinos incluso donaron sus aguinaldos correspondientes al segundo semestre. Sin embargo, esta declaración deberá ser ratificada en su momento, porque el Código Civil dispone, en su artículo 1800, que “Las donaciones no pueden comprender, sino los bienes presentes del donante, y si comprenden también bienes futuros, serán nulas a este respecto...”
Descargue el texto completo del fallo
Todos los documentos están compactados en formato zip.
Si no tiene instalado ningún descompresor en su máquina, puede obtenerlo haciendo click en el link correspondiente.
- Descompresor para Windows 3.X, 95, 98, NT, 2000.
- Descompresor para Linux / Unix.
Si encuentra alguna dificultad o necesita ayuda escríbanos a info@diariojudicial.com.