El juez chaqueño Eduardo Molina, que investigó durante casi un mes la brutal represión que ocurrió el 5 de enero en la localidad de Vilelas, llegó esta semana a Buenos Aires para entrevistarse con distintos funcionarios nacionales del área de Derechos Humanos y de Justicia. Al igual que en otras oportunidades lo hicieran colegas suyos de otras provincias, Molina vino a pedir apoyo y pronunciamientos concretos a nivel nacional y denunciar las presiones que recibe en su provincia.
El 17 de enero, frente a la pasividad de la Justicia local, el magistrado dispuso la iniciación de un sumario para investigar las responsabilidades de funcionarios policiales y autoridades gubernamentales en la represión. Sin embargo, el 7 de febrero fue apartado de la investigación y se declaró nulo todo lo actuado.
“Hice una investigación que acredita los hechos y las responsabilidades judiciales y policiales pero el 7 de este mes me apartaron de la investigación y nulificaron todo el sumario”, cuenta Molina. Aunque no da nombres concretos, el magistrado, que preside la Sala Penal del Superior Tribunal de Chaco, asegura que
“hubo una mano negra que intercedió para invalidaran mis actuaciones”.
Con respecto a los incidentes del 5 de enero, en los que resultaron heridas varias personas, Molina no tiene dudas que
“la policía fue mucho más allá de lo que había ordenado el fiscal”. “Desde ese momento, la Justicia no hizo nada. Nadie se preocupó por investigar quiénes emitieron las órdenes”, dispara.
Por esos motivos, Molina inició el miércoles una serie de encuentros con funcionarios nacionales. Ese día estuvo reunido con Jorge Cardoso y Mónica Pinto, asesores de Derechos Humanos del canciller Taiana; el jueves fue recibido por funcionarios de la Secretaría de Derechos Humanos, ante la ausencia de Luis Duhalde, de viaje en Brasil, y para el viernes esperaba poder concretar encuentros con el ministro Iribarne y con el secretario de Política Criminal y Asuntos Penitenciarios, Alejandro Slokar.
“Más que pedir apoyo, vengo para que se ejerciten acciones que no permitan la impunidad en mi provincia”, destacó Molina en diálogo con
DiarioJudicial.com.
El desalojo que motivó la investigación por parte de Molina se produjo el 5 de enero en el barrio 200 Viviendas de Vilelas, a unos 15 kilómetros al sudeste de Resistencia. La policía, fuertemente armada, ingresó al lugar y disparó balas de goma que provocaron numerosos heridos. Las casas habían sido ocupadas luego de que, a mediados de diciembre, una fuerte tormenta con vientos de más de 120 kilómetros por hora había dejado sin viviendas a muchas familias.
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