04 de Noviembre de 2024
Edición 7084 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 05/11/2024

La CIDH le puso el ojo a Chávez

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) adelantó que va a analizar de cerca la situación carcelaria de Venezuela y las denuncias que se refieren a los intentos de restringir la libertad de expresión por parte del gobierno de Hugo Chávez. Simultáneamente, en Venezuela piden sanciones para los medios de comunicación.

 
El secretario general de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Santiago Cantón, anunció este jueves que el organismo dedicará varias audiencias -el próximo 10 de marzo- a Venezuela, que incluirán el análisis de la situación de los Derechos Humanos y la libertad de expresión.

La jornada se iniciará con dos audiencias solicitadas por el propio gobierno del presidente Hugo Chávez: la primera estará dedicada a la situación del sistema carcelario en el país y la segunda apuntará a los Derechos Humanos, detalló el responsable de la CIDH.

Tras pasar revista a la administración de la Justicia y la situación de los defensores de los derechos humanos en ese país, la CIDH analizará “la situación de la libertad de expresión y el acceso a la información", dijo Cantón.

En octubre del año pasado, la comisión ya había expresado su “preocupación” por la situación de la libertad de expresión en Venezuela; y había criticado duramente la situación de las personas que permanecen en prisión.

El mismo día que se conoce esta noticia, el ministerio de Comunicación de Venezuela anunció que va a solicitar al organismo regulador del sector de telecomunicaciones de su país que imponga multas a los medios que publicaron actas del caso de un fiscal que fue asesinado en el 2004.

”En función de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión vamos a solicitar que se inicie una averiguación sobre este caso a fin de que se pueda sancionar a los medios de difusión con multas desde 1% hasta 2 % de sus ingresos brutos´´, dijo el ministro de Comunicación venezolano.

El conflicto tiene larga data. Se inició cuando una fiscal inició un proceso contraun grupo de medios locales para determinar si incurrieron en “obstrucción de justicia” en el caso de Anderson, y le pidió a la misma Justicia que prohíba la difusión de informaciones relacionadas con el expediente del fiscal.

dju / dju
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