El 2 de junio de 2001 Arvide publicó en su página de internet y en el diario Milenio que Solís, en ese momento fiscal de estado de Chihuahua, en el norte de México, y otros funcionarios locales formaban parte de una organización de narcotraficantes. Por este hecho Solís denunció a Arvide penalmente por difamación.
En marzo de 2003 la periodista fue detenida y liberada a las 24 horas luego de pagar una fianza. Pero desde entonces Arvide debió presentarse cada 15 días ante el juez en lo penal Octavio Rodríguez Gaytán para no perder su libertad condicional.
Finalmente el magistrado emitió sentencia el martes último en la que condenó Arvide a un año de prisión y a pagar una indemnización de 19.000 dólares al ser encontrada culpable de difamación. Sin embargo, no irá a prisión ya que el juicio que siguió en libertad duró tres años.
En su pagine web, www.isabelarvide.com, Arvide denunció que: “Ante mi insistencia de exigir que el juez cumpliera con su obligación legal, este me ofreció hacer un trato para no ser sentenciada y encontrada culpable, lo que descalifica cualquier tipo de imparcialidad en esta sentencia y lesiona profundamente mis derechos ciudadanos, por lo cual expreso mi queja más indignante. Con esto se comprueba una vez más que en Chihuahua siguen mandando los intereses más corruptos”.
“El mío no es un caso aislado, en nuestro país son varios los periodistas asediados desde las cúpulas del poder....No es posible seguir en un marco jurídico donde los periodistas son atacados por ejercer su profesión. No es posible vivir en un Estado de derecho donde la libertad de expresión es cortada por los intereses y personajes del poder”, mostró su indignación la periodista.
El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, sus siglas en inglés), con sede en Nueva York repudió la sentencia. En un comunicado su Directora Ejecutiva, Ann Cooper, expresó: “Estamos consternados por este fallo y por el hecho de que un ex procurador de justicia estatal inició una demanda penal en lo que debería ser claramente una cuestión civil”.
“Procesar penalmente a un periodista por cumplir con su trabajo envía un mensaje amedentrador a todos los periodistas mexicanos, y va contra el consenso legal en la región en el sentido que la difamación no es materia penal”.