04 de Noviembre de 2024
Edición 7084 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 05/11/2024

Dos consejeros vuelven a insistir con la prescripción de las denuncias

Se trata de los jueces Claudio Kiper y Victoria Pérez Tognola. Criticaron la decisión del cuerpo de aprobar el juicio político del juez federal que investigó el asesinato del soldado Omar Carrasco, Rubén Caro, luego de 12 años de ocurrido el hecho. El Consejo no tiene un plazo para investigar las denuncias contra los magistrados. Pero desde noviembre habrá un límite de 3 años para la instrucción.

 
Los miembros del Consejo de la Magistratura Claudio Kiper y Victoria Pérez Tognola criticaron la decisión de sus pares de suspender en su cargo y aprobar el juicio político del juez federal de Zapala, Neuquén, Rubén Caro por mal desempeño de sus funciones en la instrucción del asesinato del soldado Omar Carrasco, que ocurrió el 6 de abril de 1994, ya que hace más de 12 años actuó en esa causa y esa acción, según ellos, está prescripta.

Kiper, juez de la Cámara Civil, y Pérez Tognola, magistrada del fuero de la Seguridad Social, expresaron su descontento a través de un comunicado que este martes emitió la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional. Allí, consideran que si los delitos penales tienen una prescripción, lo mismo debería ocurrir en las causas disciplinarias.

“Si se acepta la prescripción respecto del delito, que es la más grave infracción social, resulta totalmente arbitrario negarla respecto a la falta disciplinaria que, con relación al delito, implica una infracción menor”, expresaron los jueces.

El reglamento de la Comisión de Acusación del Consejo no prevé un plazo de prescripción en la investigación de las denuncias pero sí lo hace el de la Comisión de Disciplina que lo fija en dos años para realizar la denuncia desde que se cometió el hecho o un lapso de 180 días para instruirla desde que fue erradicada.

Si bien el tema de fijar o no un plazo de prescripción fue debatido en el Consejo en varias oportunidades a lo largo del 2005, las posturas fueron tan divididas que nunca se llegó a un acuerdo. Sin embargo, las disputas quedaron subsanadas con la reciente reforma al Consejo. La nueva ley fija un plazo de 3 años para investigar las denuncias. Esta reforma no correrá para las investigaciones en trámite.

En su escrito Kiper y Pérez Tognola afirmaron que “las numerosas denuncias que se encuentran sin resolver desde largo tiempo, generan intranquilidad y perturban la serenidad de espíritu con la que los magistrados deben afrontar su noble tarea” y que “todavía existen causas que llevan varios años de atraso”.

El pasado 2 de marzo el plenario del Consejo de la Magistratura suspendió y aprobó el juicio político de Caro por 14 votos a favor y en contra, entre estos últimos los de Kiper y Pérez Tognola. Caro está acusado de cometer irregularidades en la investigación que tuvo a su cargo por el asesinato del soldado Carrasco en el regimiento de Zapala.



dju / dju
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