Elecciones del Colegio Público de Abogados: primer round

A medida que se acercan las elecciones para renovar autoridades del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (25 de abril) se torna más necesario conocer a cada uno de los candidatos y sus respectivas propuestas. Bajo esa consigna, DiarioJudicial.com consultó a los cuatro postulantes sobre la ley que modificó la integración y el funcionamiento del Consejo de la Magistratura (y del Jury). Aunque ya desapareció de las grandes portadas, la reforma de ambos organismos, aprobada por el Congreso a principios de febrero, sigue levantando polvareda en cualquier ámbito de la Justicia, y más aún dentro del mundo de los abogados, que fue el más perjudicado con la norma.

Además, los candidatos opinaron sobre la propuesta de “boicotear” el Consejo, algo que será debatido por la Junta de Gobierno de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA) el próximo 17 de marzo, en Tandil. La idea surgió del Colegio de Abogados de Córdoba y consiste en la no elección de los representantes de la abogacía en dicho organismo, que deberían renovarse antes de fin de año. Salvo el ex juez de la Corte Suprema, Gustavo Bossert, los otros tres candidatos rechazaron categóricamente la idea.

El ex titular de la Inspección General de Justicia (IGJ), Ricardo Nissen, se mostró en desacuerdo “con todas aquellas instituciones que intenten boicotear la ejecución o implementación de la ley que ha modificado la composición y actuación del Consejo de la Magistratura”. “Como abogados que somos, debemos cumplir con las leyes, hasta tanto sea declarada su inconstitucionalidad, por tribunal competente y con sentencia firme”, dijo el candidato a presidente por la Lista Verde.

Por su parte, Guillermo J. Borda, que encabeza la agrupación “Presentes por el futuro”, se mostró en contra de la iniciativa, aunque en un tono más moderado. “Queremos estar presentes en todos los ámbitos del quehacer jurídico. No estamos dispuestos a seguir dejando espacios que finalmente ocupan otros con menores antecedentes y cuando no con poca preparación”, remarcó.

Borda llamó a los abogados a “participar activamente en la vida profesional, junto a nuestros jueces” y los instó a sancionar “a quienes no respeten las normas éticas y disciplinarias que nos rigen”. “Es hora de que los abogados, que estamos sufriendo duros golpes como consecuencia del desprestigio de unos pocos profesionales, nos pongamos de una vez por todas a revertir esto, corrigiendo los errores del pasado, sancionando a quienes no respeten las normas éticas y disciplinarias que nos rigen. Cuando la sociedad vea los cambios que está reclamando seremos nuevamente creíbles”, manifestó.

El otro candidato que no comparte la propuesta del “boicot” es Jorge Rizzo. “Sería un error estratégico imperdonable que la abogacía nacional deje desierto tan importante espacio institucional y en manos de los políticos”, manifestó el titular de la lista “Gente de Derecho”.

Ante una consulta puntual de este diario, Rizzo resaltó la vía judicial como el camino correcto para continuar con la protesta, al punto que recordó su presencia, y la de varios integrantes de su lista, en el abrazo simbólico del Palacio de Justicia, convocado para repudiar la reforma. “Los abogados debemos demostrar que no defendemos “quintitas” sino una legítima presencia en una institución de suma importancia para el equilibrio de los poderes del Estado”, disparó.

Menos radical que sus colegas, el ex juez de la Corte Suprema, Gustavo Bossert, le dijo a este medio que la idea del boicot “es una propuesta sanamente fundada en el rechazo que produce la reforma del Consejo y del Jurado”, pero remarcó que “debe analizársela con cuidado, ya que por más que un Colegio de Abogados propugne la abstención, cualquier abogado de la matrícula federal puede componer una lista y presentarse a la elección; y de esta modo, podría haber representantes vinculados a un determinado sector político, o al gobierno, y no absolutamente libre de compromisos ideológicos, como se pretende”.

Muy distinto fue el tono de su respuesta cuando tuvo que expresarse sobre la reforma introducida al organismo por la mayoría oficialista del Congreso, incluidos algunos aliados circunstanciales. “Es un grave retroceso en el camino de la independencia judicial. El Consejo y el Jurado se crearon en 1994 para desvincular de la política la designación y remoción de jueces. Ahora retrocedemos a la vieja época, ya que una mayoría de 7 de los 13 miembros del Consejo serán políticos, y la minoría de 6 se repartirá entre jueces, abogados y académicos, y la mayoría decide”, expresó Bossert.

El ex miembro de la Corte se mostró confiado en que “algún juez independiente” declare inconstitucional la ley porque la misma “rompe el equilibrio de los estamentos” y, por ende, viola el artículo 114 de la Constitución.

Bossert lamentó, también, los cambios introducidos al Jurado de Enjuiciamiento. “Durante los 138 años anteriores a 1994, el Congreso removió por juicio político sólo a 19 jueces, ya que las mayorías parlamentarias y los acuerdos políticos fueron decisivos a la hora de juzgar; en cambio, el Jurado, que funciona desde 1998, ya ha removido a 11 jueces (uno de ellos muy mal removido), y muchos otros, que el Consejo había decidido acusar, renunciaron”, resaltó.

En términos similares se expresó Jorge Rizzo. “La ley que impulsó la senadora Kirchner, a propuesta de su esposo, y que fuera aprobada por el Congreso es, simplemente, deleznable y conculcatoria de garantías de independencia y representatividad”. No obstante, el candidato criticó el desempeño de los colegas que integraron tanto el Consejo de la Magistratura nacional como el porteño.

Por su parte, Borda reconoció que la reforma no lo satisface aunque recordó las sucesivas críticas - justificadas según su opinión- que recibieron el Consejo y el Jury durante estos años. “Hace cuatro años sostuvimos la necesidad de revisar su organización, de reducir el número de sus miembros, de hacerlos ágiles, dinámicos y eficientes. Esto, debo también decir, lo venían reclamando distintos sectores de la sociedad y entre ellos los abogados y los jueces. Pero es cierto también que lo que se venía reclamando no se compadece con la reforma efectuada”, manifestó.

Desde el punto de vista “técnico”, Borda recordó que la reforma del 94 intentó pasar de un sistema presidencialista a uno más parlamentario, donde la designación de los jueces no fuera fruto del poder político sino la consecuencia de una elección basada en la capacidad técnica y moral, lejos de todo “amiguismo”. “Hoy el Ejecutivo vuelve a tener la posibilidad de designar y remover a quienes entienda conveniente. Es un peligrosísimo precedente, que demuestra un claro avance hegemónico”, lamentó Borda, que estará acompañado en la lista por Juan Carlos Pratesi (para el Tribunal de Disciplina) y Alberto Molinario (para la Asamblea de Delegados), entre otros.

Muy por el contrario, Ricardo Nissen, que dejó la IGJ en el 2005 para dedicarse nuevamente a la profesión, dijo que la cuestión “se ha vuelto abstracta luego de la reforma efectuada por el Congreso de la Nación, por lo que no queda otra cosa que analizar el funcionamiento del Consejo de la Magistratura una vez que se encuentre conformado de acuerdo a la aludida reforma”. El slogan de su lista es “Abogados 100x100”.



nicolás pizzi / dju