A diferencia del planteo efectuado la semana pasada por 13 de las 14 provincias gobernadas por el justicialismo, la presentación hecha por el ministro de Gobierno mendocino, Juan Carlos Jaliff, invoca su condición de “titular del dinero” adeudado por el Ejecutivo Nacional, y denuncia el incumplimiento del Pacto Federal Fiscal, al no haberse remitido esos fondos en los últimos seis meses, incluyendo los correspondientes al FONAVI.
El gobierno del aliancista Roberto Iglesias, sostuvo en su demanda que en noviembre del 2000 se firmó el “compromiso federal por el Crecimiento y la disciplina Fiscal” que fijó para el año 2001y el 2002 el piso de la coparticipación en 1.364.000 pesos mensuales, pero “estas pautas no se han cumplido”, y más aún el año pasado el Estado Nacional “se apropió para si la suma de 754.200.000 pesos en perjuicio de las provincias en su conjunto”.
Por esa razón, y a través del asesor del gobierno mendocino Cesar Antonio Mosso Giannini se pidió a la Corte que orden al Estado Nacional que cese en ese trato de la distribución de impuestos coparticipables y le orden “la liquidación y la acreditación integra del porcentual de Coparticipación Federal Impositiva de la cual es su titular”.
Según explicó el abogado patrocinante Tomás Antonio Catapano, quien entregó junto con los funcionarios el escrito en la mesa de entradas de la Corte, a diferencia de lo solicitado por los mandatarios justicialistas, la presentación constituye una demanda autónoma “autosatisfactoria”, razón por la cual el trámite del amparo debería ser resuelto por la Corte, en caso de considerarlo procedente, ordenando al Ejecutivo que cumpla con sus obligaciones contraídas y efectué el deposito de los fondos adeudados, resolviendo de ese modo la medida cautelar y la cuestión de fondo del amparo en un sólo acto.
El letrado explicó que lo “sustancial” de la demanda apunta a sostener que “los recursos de coparticipación son propios de la provincia, y no se trata de créditos que su gobierno reclame en la acción de amparo”.
Asimismo, pide que el Ejecutivo Nacional cese en la actitud “de hecho negativa por la cual el Estado no le acredita el dinero que le corresponde de acuerdo a lo establecido por la Constitución Nacional y por la Ley de Coparticipación Federal”.
También advirtió que la modificación política de distribución de esos fondos federales anunciada por el gobierno , en el marco de la política de Déficit Cero y acuciada por la baja en la recaudación de impuesto, no puede realizarse de manera “unilateral” ya que “necesita de la participación de todos los estados provinciales federales”.
También indicó que el objeto de la presentación es que la Corte ordene terminar con “ese hecho negativo” y obligue a “liquidar y acreditar los fondos” que –advirtió—el gobierno nacional “debería tener” a disposición para ese fin.
En torno a la cuestión procesal del planteo sostuvo que se trata de un amparo y el reclamo de una medida “de no innovar en cuanto al derecho, o de una medida de innovar en los hechos que cambien la conducta omisiva” por parte del gobierno.
Catapano explicó además que la Corte, en caso de admitir la medida “autosatisfactoria” tiene la posibilidad de “resolver directamente” reconociendo el “derecho nítido” del reclamo del Estado mendocino, o para garantizar la defensa en juicio, darle vista a la parte demandada.
Temas relacionados:
La otra pata del Déficit Cero 4/10/2001