En esas resoluciones también se fijó los criterios de la selección. Se tendrá en cuenta "los cargos desempeñados en los Ministerios Públicos de la Defensa y Fiscal y en el Poder Judicial, en particular el anterior ejercicio como funcionario o empleado en Defensoría, Fiscalía o Juzgado con competencia civil de esta ciudad, las carreras jurídicas de postgrado o especialización, el ejercicio de la docencia universitaria, la participación en carácter de disertante o asistente en cursos, congresos y/o conferencias de interés jurídico, evaluándose preferentemente la orientación en Derecho Civil y Procesal Civil".
En que caso que haya igualdad entre los antecedentes de los concursantes “se efectuará una oposición subsidiaria, sobre temas de Derecho Civil y Derecho Procesal Civil, relacionados con la función a desempeñar en las Curadurías Públicas Oficiales", establecen las resoluciones.
La evaluación de los antecedentes estará a cargo de un jurado integrado, en este caso, por Defensores Públicos Oficiales de Menores e Incapaces de Primera Instancia que serán: como presidente María Inés Coutinho, titular de la Defensoría N° 3 y a cargo de la Defensoría de Cámara, y como vocales, que fueron sorteados entre sus pares, María Teresa Porcile de Veltri, titular de la Defensoría N° 5 y Marcelo Jalil, titular de la Defensoría N° 4.
La inscripción para el concurso fue prorrogada hasta este miércoles 22 de marzo, a las 15:30 hs. y se realiza en la Secretaría General de Superintendencia y Recursos Humanos de la Defensoría General de la Nación, Avenida Callao 970. Los concursantes "deberán presentar curriculum vitae y la documentación que acredite los antecedentes consignados en el mismo" así como también el "titulo de abogado debidamente legalizado".
Stella Maris Martínez ocupa interinamente la Defensoría General de la Nación desde el 19 mayo del año pasado luego de la renuncia de Miguel Ángel Romero. El 3 de febrero el presidente Néstor Kirchner la propuso como titular en el cargo. Ahora su candidatura atraviesa un proceso de adhesiones e impugnaciones por parte de organizaciones civiles, de justicia o particulares, tal como establece el Decreto 588/03 para la elección de los titulares de los Ministerios Públicos. Luego de este proceso, y ante las opiniones recibidas, el Presidente decide si envía el pedido de nombramiento al Senado que es el encargado de aprobar las candidaturas.