La procuradora general bonaerense María del Carmen Falbo y el ministro del Interior, Aníbal Fernández, firmaron un convenio destinado a coordinar esfuerzos para combatir los delitos vinculados con las drogas, favoreciendo con ello la utilización de recursos humanos y materiales, y promoviendo -desde la órbita nacional- la colaboración de fuerzas de seguridad y policiales. Según lo informado, Fernández comprometió el apoyo de fuerzas de seguridad y policiales, en cumplimiento de la nueva competencia surgida para combatir delitos de narcocriminalidad -leyes nacionales 23.737 y 26.052; ley provincial 13.932- autorizándolas a producir informes, realizar estudios o dictámenes en materias tales como dactiloscopía, balística, laboratorios químicos, informática, ensayos de materiales, calígrafos y otros que tengan las fuerzas mencionadas y que estén en condiciones de brindar.
Bases de datos
El juez federal Julián Ercolini investiga el presunto comercio ilegal de datos por ciertos empleados y funcionarios del ANSES a una empresa privada. Supuestamente, los empleados del ente público utilizaron sus claves de acceso para operar sobre el sistema y de esta forma han extraído datos con el objeto de comercializarlos. Las actuaciones tuvieron lugar a raíz de la denuncia anónima, recibida mediante un e-mail donde se afirmaba que existía la posibilidad que se esté filtrando información de las bases de datos de dicha repartición, dándose así intervención al área de Investigaciones Especiales del ANSES. Del sumario, sin que se tengan precisados supuestos responsables, se le dio intervención a la justicia, principalmente a la U.F.I.C.E.S. –Unidad Fiscal de Investigaciones sobre la Seguridad Social-, dándole así intervención a la Justicia Federal. El magistrado Ercolini, ordenó una serie de allanamientos que se realizaron tanto en Buenos Aires como en Córdoba y citará a declarar a los involucrados aunque todavía no se han individualizado a los funcionarios que habrían extraído los datos “traficados”. Por su parte, el ANSES, reforzó sus controles sobre ciertos datos.
Nombramientos
Este jueves 23 de marzo jurarán y asumirán dos fiscales y una defensora de pobres y menores en la jurisdicción de Concordia. Se trata de Fernando Martínez Uncal y José Costa que se desempeñarán como Agentes Fiscales Nº 2 y 4 respectivamente y Carolina Lopez Bernis como defensora de Pobres y Menores de la Defensoría Nº 1. Los nuevos magistrados jurarán a las l1:30 hs. en los Tribunales de Concordia. Por otro parte, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) entrerriano designó transitoriamente a Susana Firpo como relatora interina de la Sala de Procedimientos Constitucionales y Penal del STJ, a Alberto Silva Velazco como defensor de Pobres y Menores Nº 5, a Adriana Vauthay de Panero como defensora de Pobres y Menores Nº 8 y a Claudia Geist como secretaria del Juzgado Penal de Menores.
Investigación
La juez de Garantías Gilda Stemphelet resolvió ordenar la detención del intendente de Bahía Blanca, Rodolfo Lopes, tras el pedido que realizará oportunamente el fiscal de Delitos Complejos, Gustavo Zorzano, en el marco de la investigación por presuntas irregularidades en el manejo de fondos públicos del estado municipal. La resolución adoptada por la juez sostuvo que "se resolvió ordenar la detención de Lopes por entender que resulta ser prima facie autor responsable de los delitos de estafas reiteradas y peculado en concurso real de delitos cometidos en perjuicio de las empresas Profértil, Solvay Indupa, PBB Polisur y la municipalidad de Bahía Blanca".