La Justicia de Santa Fe procesó a tres ex funcionarios provinciales por estrago culposo agravado por la muerte de 18 personas durante las inundaciones que afectaron gravemente esa ciudad en 2003, y dispuso que “en el estado actual del proceso no existen elementos suficientes como para sospechar” que el ex gobernador Carlos Alberto Reutemann tenga vinculación con el delito que se investiga. La decisión la tomó el juez en lo Penal de Instrucción de la Octava Nominación de Santa Fe, Jorge Patrizi, contra Edgardo Berli, ex ministro de Obras Públicas de la provincia, Ricardo Fratti, ex director de Hidráulica, y Marcelo Alvarez, ex intendente de Santa Fe. El juez, además, dispuso la libertad bajo promesa jurada de los ex funcionarios y embargó sus bienes por $50.000. También resolvió “que en el estado actual del proceso no existen elementos de convicción suficientes como para dictar auto de procesamiento” pero “tampoco para sobreseer” a otras 7 personas: Carlos Gómez Galissier, José D’ambrosio, Carlos Filomena, Juan Carlos Caffaratti, Juan José Maspons, Jorge Bounous y Alejandro Alvarez Oporto.
Designación
María Ceural Barral asumió este lunes como funcionaria a cargo de la Curaduría Pública Oficial Nº 8 luego de ganar un concurso público llevado a cabo por un jurado integrado por defensores de menores e incapaces. Barral se venía desempeñando como secretaria de primera instancia contratada a cargo de la Curaduría Nº 2 y asumió el cargo luego que la defensora pública oficial Stella Maris Martínez le tomara juramento en el Auditorio Guillermo Díaz Lestrem de la Defensoría General.
Memoria
En una de sus últimas resoluciones al frente de la Corte de la provincia de Buenos Aires, el hasta hoy presidente del tribunal, Héctor Negri, le encomendó a la Secretaría de Asuntos Institucionales la elaboración de un listado de los jueces, funcionarios y empleados judiciales desaparecidos, obligados a renunciar, o declarados prescindibles en la provincia de Buenos Aires durante la última dictadura militar. El mismo se hará público, una vez concluido, para el correspondiente homenaje.
Igualdad
Luego de la solicitud que realizara la Comisión de Discapacidad del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó que en todas las dependencias del Poder Judicial se arbitren los medios necesarios para una adecuada atención a las partes y profesionales con discapacidad. A tal fin, se deberán adoptar las medidas para compensar las desventajas e inconvenientes de dicha discapacidad, facilitando la adecuada atención en mesa de entradas por parte de los empleados de la misma, en la medida en que ello sea posible –v.gr. por razones de espacio, etc-, propendiéndose a que la justicia no sea un ámbito inaccesible.