Un nuevo código para una nueva realidad

La Comisión de Reforma del Código Penal presentó este jueves en sociedad los aspectos centrales del anteproyecto de ley que será sometido a una consulta pública antes de ser girado al Congreso. En un acto que tuvo lugar en la sede del Ministerio de Justicia de la Nación, cinco de los integrantes de la Comisión explicaron las innovaciones en materia penal que fueron debatidas por ellos mismos durante un año y medio de trabajo. El encuentro estuvo presidido por el secretario de Política Criminal, Alejandro Slokar.

Uno de los notables juristas que intervino en la redacción de este anteproyecto fue David Baigún quien mencionó que la intención del proyecto es reflejar la modernidad y la cosmovisión de nuestra sociedad. “El Código Penal tiene que adecuarse al desenvolvimiento de la sociedad actual”, expresó. Además resaltó, al igual que otros integrantes de la Comisión, que “la matriz es la protección de los Derechos Humanos”.

Baigún también explicó cuáles son los nuevos delitos incorporados al Código. Así, se refirió a los delitos económicos, “que hasta ahora fueron captados por leyes especiales”, y a los delitos contra el medio ambiente.

Hasta el 15 de agosto, organizaciones no gubernamentales y particulares podrán dar su opinión por correo o al e-mail consultapublica@jus.gov.ar. El texto completo del proyecto ya se puede consultar, desde este jueves, en la página del Ministerio de Justicia.

Por su parte Daniel Erbetta sostuvo que se intentó ponerle fin a la heterogeneidad del sistema penal, (en la actualidad existen más de 63 leyes especiales), y de establecer un orden coherente de las escalas penales. Asimismo, destacó la necesidad de generar una racionalidad “que evite espacios de impunidad”, porque “las penas absurdas no son aplicadas por los jueces”.

También, el presidente de la Asociación Argentina de Profesores de Derecho Penal subrayó la necesidad de establecer “criterios de oportunidad” y la ampliación de los delitos de instancia privada. Por último, Erbetta recordó que con la reforma se repotenciaron los delitos contra los funcionarios públicos.

Alejandro Tizón, en su intervención, mencionó el aumento de las penas alternativas a la prisión como la “obligación de residencia” y la “multa reparatoria”. “Hay que evitar la prisionalización y que la cárcel sea la única solución”, dijo.

También participaron de la conferencia de prensa el juez Carlos Chiara Díaz (miembro del TSJ de Entre Ríos), Javier De Luca y el constitucionalista Raúl Gustavo Ferreira, el único que no tiene formación en Derecho Penal. Faltaron a la cita el vicepresidente primero de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA), Raúl Ochoa; y los jueces Edmundo Hendler y Guillermo Yacobucci.

La Comisión de Reforma del Código Penal fue creada en diciembre de 2004 por el entonces ministro de Justicia Horacio Rosatti, quien firmó la Resolución 303. Esa resolución, en su artículo 3, fijaba el plazo original en el cual los expertos debían terminar su trabajo, el cual tuvo que ser prorrogado en dos oportunidades. La última prórroga determinó que la fecha final para entregar los resultados era el 31 de marzo pasado.

Desde su entrada en vigencia, en 1922, el Código Penal ha sufrido 867 modificaciones. Para algunos especialistas, semejante cantidad de cambios, si bien en algunos casos necesarios, le hicieron perder “armonía”. Eso es lo que intentará devolverle el proceso de reforma integral que está a punto de culminar.

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