Los integrantes del Consejo de la Magistratura y legisladores nacionales Marcela Rodríguez y Nicolás Fernández, el abogado constitucionalista Gregorio Badeni y el director ejecutivo de la ONG Asociación por los Derechos Civiles, Roberto Saba, opinaron sobre la renovación y las vacantes que faltan cubrir en la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la reforma del Consejo de la Magistratura.
Todos destacaron el recambio de jueces en el máximo tribunal y el decreto presidencial que autolimitó las facultades de Kirchner en la elección de los magistrados y la convocatoria a la sociedad para opinar sobre los candidatos a jueces. Pero Rodríguez, Badeni y Saba criticaron la falta de resolución de Kirchner sobre las vacantes que actualmente hay en la Corte ya sea o para cubrirlas o para reducir el tribunal de sus actuales nueve miembros o siete. Mientras que también criticaron la reforma al Consejo de la Magistratura, el senador nacional del Frente para la Victoria Nicolás Fernández apoyó las modificaciones en el cuerpo judicial y señaló que resta resolver la creación de una serie importante de juzgados federales en el interior del país.
Roberto Saba (director ejecutivo de la Asociación por los Derechos Civiles)
Sin duda, y en esto hay una opinión bastante generalizada, una de las medidas más positivas de este gobierno tiene que ver con la sanción del Decreto 222, estableciendo un procedimiento abierto de nominación de jueces a la Corte. Y también, si bien no es una decisión del Ejecutivo, pero está bajo este mandato es que el Senado también hizo contribución a este procedimiento haciendo públicas las audiencias en las cuales discuten la nominación y la aprobación del pliego de los jueces. También las reformas que la misma Corte ha hecho hacia su interior en materia de transparencia, de publicación de sentencias y casos que está por decidir. En todas estas cuestiones que hacen al funcionamiento de la Corte Suprema, en la Argentina hemos avanzado de un modo importante para recuperar la credibilidad y la confianza en ese tribunal. Del lado negativo, diría que hay dos cuestiones: una es la sanción de la ley del Consejo de la Magistratura. Nos hemos manifestado críticamente por la ley del Consejo que ha nuestro entender no sólo alteraba la composición del Consejo de un modo que para nosotros lo hacia contradictorio con la Constitución Nacional, sino que además generó en la gente la sensación que ese Consejo no iba a funcionar de forma neutral. La otra cuestión es que todo lo positivo que ha tenido el Decreto 222 en parte resulta contrapesado por algo negativo que es que el Presidente de la Nación están incumpliendo con el decreto que el mismo firmó porque allí existe un plazo de un mes para proponer candidatos ante la generación de vacantes. Acá hay dos opciones: o reducir la Corte a siete miembros o nombrar las vacantes. Pero la opción por lo que optó el gobierno en este momento, que es la de ni reducir a siete ni nombrar, creemos que no se puede justificar y esto esta generando una gran incertidumbre y una sensación de que está decisión se está demorando por motivos estratégicos.
Gregorio Badeni (abogado constitucionalista)
Advierto un sensible deterioro del Poder Judicial en su rol institucional. En gran medida, ello obedece a que el Poder Ejecutivo no cubre las vacantes que se han producido en los distintos fueros. Lo cual repercute negativamente en la excelencia, en el desempeño de la judicatura. Por otro lado la reforma introducida al Consejo de la Magistratura politiza sensiblemente a ese organismo a igual que al Jurado de Enjuiciamiento. Todo ello por supuesto que acarrea una cuota importante de inseguridad en los jueces que perturba su actuación. Otro aspecto negativo es el incumplimiento por el Presidente de la República del decreto, que el mismo dictó, para regular el nombramiento de los jueces de la Corte Suprema de Justicia. En este momento hay dos vacantes, o si se quiere una. Han transcurrido mucho meses desde que se produjeron ellas y no fueron cubiertas, con lo cual la solución más razonable seria cubrir esos cargos o presentar un proyecto de ley en el Congreso reduciendo el número de jueces de la Corte a siete. Todos esos baches son los que determinan un sensible deterioro del rol institucional de nuestro Poder Judicial. Comparativamente con tres años atrás, no encuentro ningún aspecto positivo.
Marcela Rodríguez (diputada nacional del ARI e integrante del Consejo de la Magistratura)
Lo positivo fue la renovación de la Corte, tanto la destitución o renuncia de los ministros como las vacantes que se han llenado hasta el momento. Han sido con personas de trayectoria importante e independiente. En ese sentido se ha avanzado mucho. En cuanto a la misma Corte es grave el precedente que esta dejando el Presidente de no definir la situación de las dos vacantes que faltan. Esto le hace mal a la independencia de la propia Corte, lo han señalado los mismos ministros. O bien apoya la ley que, incluso nosotros en Diputados teníamos un dictamen para reducirla a siete, que me parece sería lo más correcto, o nombra las dos personas que faltan. Pero no puede dejar esto como un comodín que, básicamente, creo que lo está haciendo en relación a qué puede suceder con la pesificación y esto hace temer por la independencia de los dos jueces que vaya a poner en el futuro. Y lo más grave tiene que ver con la reforma del Consejo de la Magistratura y del Jurado de Enjuiciamiento. El Consejo tenía una serie de falencias pero la reforma de ninguna manera las resuelve sino que las agrava. En el futuro probablemente se vean los déficit de esta reforma.
Nicolás Fernández (senador nacional del Frente de la Victoria e integrante del Consejo de la Magistratura)
Hay cosas que no se pueden negar. Primero, reforma de la Corte Suprema de Justicia, un sistema de designación de jueces de la Corte con una autolimitación constitucional, la participación de toda ciudadanía a través del sistema de audiencia pública, no sólo en la elección de los jueces de la Corte sino también de los federales. Hemos trabajado sobre la reforma del Consejo que no tiene ni más ni menos que una idea muy central: queremos que el Consejo de la Magistratura represente a la sociedad. Independientemente que representando a la sociedad tenga participación de los estamentos corporativos: los colegios de abogados, los magistrados, los académicos. De sólo leer la reforma del Consejo se ve que se ha trabajado en la Escuela Judicial, en la unificación de las comisiones de Acusación y de Disciplina para evitar esta cuestión de una especie manga selectiva, la integración en la Comisión de Acusación de todos los miembros del Consejo para terminar con esto de que los jueces entre sí no se acusan. Hay muchas cosas por hacer, por resolver, como la creación de una serie importante de juzgados federales en el interior del país.