En la denuncia, que será investigada por el juez federal Claudio Bonadio, el letrado además solicitó que se consulte a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) si existen irregularidades penales o impositivas, y que se ordene a la Policía Federal que envíe personal para realizar tareas de inteligencia en la provincia de Entre Ríos, donde ambos ex funcionarios tendrían propiedades, con el objetivo de informar al tribunal respecto de sus características y las registraciones catastrales.
Precisamente respecto de Pou, Iglesias observó que “era un hombre de clase media, sin aparente fortuna y en cambio hoy no sólo posee un bien inmueble en el que habita de un alto valor, sino otros bienes y fortuna personal que le permite mantener un nivel de vida elevadísimo”.
Además el abogado sugirió en la denuncia que Pou pudo haberse enriquecido al haber “permitido por omisión falencias de control funcional que no impidieron el lavado de dinero” durante su gestión a la cabeza del Banco Central, e hizo hincapié en la destitución que le recomendó el Congreso de la Nación al presidente Fernando de la Rúa.
Iglesias aseguró tener información confidencial que podría confirmar que Pou tendría 48 mil hectáreas cerca de la ciudad de Gualeguay, en Entre Ríos, y que además es titular de la estancia La Calera, destinada exclusivamente al ganado bovino.
Respecto de Roque Fernández, quien además se desempeñó como ministro de Economía durante el gobierno de Carlos Menem, el letrado admitió que se trata de un hombre con una histórica fortuna personal, pero advirtió que “la misma se habría incrementado de un modo inusual”. Según el denunciante, Fernández sería dueño de tres estancias en distintas ciudades entrerrianas, según lo confirmaron sus vecinos.