La facultad de crear juzgados federales y nacionales es del Congreso de la Nación. Por eso el Consejo sólo puede recomendarle al Parlamento la implementación de nuevos tribunales. Para que eso ocurra, primero la Comisión Auxiliar Permanente de Reglamentación y Reforma Judicial del Consejo debe aprobar un dictamen con esa propuesta que luego ratificará el plenario del cuerpo.
En ese dictamen la Comisión analizó la actual legislación que establece que los tribunales de menores entienden en la causas donde hay procesados menores y mayores, cuando en un principio se había pensado que sería al revés teniendo en cuenta que se habían creado 30 tribunales orales de mayores y sólo tres de menores.
“Los procesos que involucran a mayores complican el trámite de los casos de menores, impidiendo la dedicación que demanda el tratamiento de los menores tutelados, el seguimiento de sus casos, familias, etc”, dice el dictamen que la Comisión de Reglamentación discutirá este jueves.
Estas competencias “afectan, sin duda, los derechos y garantías tanto de los mayores como de los menores”, dice el dictamen y señala que “la creciente dificultad de los tribunales orales de menores se debe por la excesiva cantidad y complejidad de los procesos que deben tramitar, el auge de la delincuencia juvenil, la precocidad en la configuración de las bandas, y el hecho cada vez más frecuente de que en las agrupaciones criminales siempre existe un menor que atrae la competencia de este fuero, por lo cual debe juzgarse a una gran cantidad de mayores”.
Actualmente la Justicia de menores cuenta con tres Tribunales orales y una defensoría y tres fiscalías ante esos tribunales y dos de sus jueces están siendo investigados en el Consejo por supuesto mal desempeño de sus funciones.
Se trata de los jueces del Tribunal Oral de Menores Nº 1, Pablo Jantus y Marcelo Arias, quienes en diciembre de 2004 absolvieron a un hombre por robo agravado pero no ordenaron su libertad. Por ese olvido, David Bosca permaneció ocho meses más detenido en la cárcel de Devoto. La semana pasada Jantus y Arias declararon en la Comisión de Acusación del Consejo y ahora resta esperar si la consejera Diana Conti, que investiga la actuación de los jueces, pide el juicio político de los magistrados. Arias presentó su renuncia un día antes de declarar pero todavía no fue aceptada por el presidente Néstor Kirchner.