Si bien García y Degiorgis presentaron sus renuncias, todavía no fueron aceptadas por el presidente Néstor Kirchner. Si eso sucediera, los jueces no afrontarían el juicio político.
Los 15 consejeros presentes en el plenario de este jueves (los abogados Luis Pereira Duarte, Eduardo Orio, Lino Palacio y Beinusz Szmukler, los diputados Marcela Rodríguez, Diana Conti, Carlos Kunkel y Federico Storani, los senadores Nicolás Fernández, Miguel Ángel Pichetto, Norberto Massoni y Ricardo Gomez Diez, los académicos Juan Carlos Gemignani y Humberto Quiroga Lavié y el representante del Poder Ejecutivo Joaquín Da Rocha) aprobaron los tres dictámenes de la Comisión de Acusación que pedían el juicio político de los jueces (Pichetto no estuvo presente en las votaciones contra Degiorgis y Terán). Quienes no estuvieron en el plenario fueron el presidente del Consejo y la Corte Suprema, Enrique Petracchi, y los consejeros jueces Claudio Kiper, Victoria Perez Tognola, Abel Cornejo y Bindo Caviglione Fraga.
Las acusaciones se aprobaron sin discusión previa, algo que no suele ocurrir en estos casos, lo que daba la pauta del consenso de los consejeros sobre el tema.
Las acusaciones
García, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 9, está acusada de haber actuado como síndico de una empresa financiera que transfirió los bienes de tres detenidos desaparecidos (Victorio Cerruti, Horacio Palma y Conrado Gómez) al dictador Emilio Massera y otros represores de la ESMA durante la última dictadura militar. Si el juicio político prospera y García es destituida, perderá sus fueros y el juez que investiga el desapoderamiento de bienes, Sergio Torres, podría citarla a declarar.
El juez de la Sala K de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Degiorgis, afronta una acusación por irregularidades en la revocatoria de una sentencia de primera instancia por una sucesión de 46 millones de pesos. Una de las partes del juicio denunció que Degiorgis cobró una supuesta coima de 1 millón de pesos para modificar el fallo.
El consejero Beinusz Szmukler, instructor del expediente, le había dicho a Diariojudicial.com que se acusa a Degiorgis “de haber modificado la sentencia de primera instancia para beneficiar a uno de los herederos en detrimento de los otros y esa sentencia fue declarada nula por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Además, está probado en la causa una relación entre Degiorgis con un martillero (Enrique Lanusse Naón) que habría sido el intermediario entre el juez y los beneficiarios de la resolución donde hay una imputación de que se le habría pagado un millón de pesos. Pero no estamos acusando por el delito, que no está probado, sino porque es evidente que cualquiera haya sido el motivo que llevo a Degiorgis a fallar como falló era violando la ley y en beneficio de una de las partes”.
Además de Degiorgis, el fallo de cámara fue firmado por Julio Moreno Hueyo y Teresa Manuela Estevez Brasa pero no se pide el juicio político de ellos porque ya no son jueces; Moreno Hueyo renunció el 1 de noviembre de 2005 y Estévez Brasa el 31 de marzo de 2004.
Por su parte, a Terán, a cargo del Juzgado Federal Nº 2 de Tucumán, se lo acusa de ordenar el pago en dólares de títulos de la deuda pública en default. Por los mismo hechos está siendo investigado el otro juez federal tucumano, Jorge Parache.
En el juicio contra García actuarán como fiscales Kunkel y Storani en representación del Consejo, lo propio harán Pereira Duarte y también Kunkel en el de Terán, mientras que la misma función tendrán Szmukler y Conti en el jury contra Degiorgis.
Cómo sigue el proceso
Ahora los jueces quedaron suspendidos por 180 días. Cuando los juicios se realicen, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados será presidido por el juez de la Corte Eugenio Zaffaroni que reemplazará en ese cargo a Elena Highton de Nolasco. Si los magistrados son encontrados responsables de las acusaciones serán removidos de la Justicia, en caso contrario volverán a sus cargos.
Pero los juicios contra García y Degiorgis podrían quedar nulos. Esto ocurriría si Kirchner les acepta las renuncias que presentaron. Ya existe un antecedente en ese caso. El Consejo había aprobado el juicio político contra el juez en lo Penal Económico Carlos Liporace y posteriormente el Presidente le aceptó la renuncia.