El análisis, con un enfoque socio-antropológico, se realizó en cinco consultorios que actúan en la ciudad: El Centro de Formación de la Facultad de Derecho de la UBA, las Defensorías de Pobres y Ausentes en lo Civil y Comercial; la Procuración de la Ciudad de Buenos Aires; el Colegio Público de Abogados y el Programa Asistir del Ministerio de Trabajo de la Nación.
Uno de los grandes problemas que quedaron de manifiesto en este estudio es “la inexistencia de un sistema integrado de asesoramiento y asistencia jurídica gratuita que garantice el acceso a la justicia, porque las instituciones que prestan estos servicios tienen criterios de organización, competencia y objetivos diferentes, lo que depende más de la historia de cada entidad que de las necesidades actuales de la población”. Así, muchos de los encuestados se quejaron por la disparidad de requisitos, (como, por ejemplo, no ser propietario de un inmueble o ganen menos de determinado monto), que cada institución tiene para brindar el servicio de asistencia jurídica gratuita. En la práctica, esto lleva a que mucha gente desista en su búsqueda de asesoramiento.
Además, pudo constatarse el alarmante aumento de los “nuevos pobres”, es decir, esos sectores de la clase media afectados por el fuerte aumento del desempleo y la pobreza en los últimos años. Estos nuevos pobres se suman en su reclamo de patrocinio jurídico gratuito a la demanda que ya venía realizando los sectores tradicionalmente carecientes de recursos. La investigación dio cuenta que “aproximadamente 4.500 personas son atendidas mensualmente en los centros antes mencionados”. Se trata de jubilados, amas de casa, profesionales, etc, muchos de los cuales son propietarios de los inmuebles en los que residen.
Cabe recordar que, hasta hace unos años, a los patrocinios gratuitos concurrían personas con problemas muy específicos y acotados. Cualquier abogado que tenga unos quince años de recibido y que haya hecho “el practico” en el consultorio de la Facultad de Derecho de la UBA, en el octavo piso de Palacio de Justicia, recordará que la mayoría de los casos que llegaban ahí se referían a divorcios, alimentos, curatelas, desalojos y sucesiones, (cuando un solo inmueble, destinado a vivienda, componía el acervo hereditario). Ahora, el estudio emprendido por la Defensoría del Pueblo determinó que los reclamos que plantea la gente son mucho más variados y tienen que ver con cuestiones de derecho comercial, previsional y contencioso administrativo, para las cuales no están suficientemente preparados los servicios encuestados.
Otro problema detectado es la escasa información sobre los lugares y modalidades de atención y esto hace que muchas personas peregrinen de un lado para otro hasta lograr que su caso sea atendido.
Una de las conclusiones de la investigación es que debe organizarse, en el ámbito de la ciudad, un sistema de asistencia jurídica profesional gratuita que “debe ser similar al de los servicios de salud y educación, que se encuentran organizados a partir de una activa participación del Estado que tiende a asegurar la universalidad de la prestación”.
De esto se deduce la necesidad de la creación de centros de patrocinio jurídico coordinados y regulados por el Estado, donde las personas reciban asistencia gratuita y en los que trabajen profesionales que cobren un sueldo por ello, lo que, además de llenar una necesidad evidente de demanda de acceso a la justicia, constituiría una nueva fuente de trabajo para muchos letrados.