Miralles está acusado por irregularidades cometidas en la instrucción de tres causas. Una de ellas vinculada a la ex empresa estatal Ferrocarriles Argentinos, condenada a pagar 960.000 australes, equivalentes a 96 dólares según la ley de convertibilidad de 1991, más intereses y actualización. El juez está acusado de incumplir “las indicaciones de la Cámara Federal de Apelaciones acerca del modo de aplicar los astreintes fijados, que implica una diferencia irracional a favor del actor de más de un millón de pesos o dólares”, señala el dictamen acusatorio.
El escrito agrega que el Estado Nacional pagó cerca 2.277.000 pesos/dólares y que el juez “permite la comisión de una maniobra que genera un indebido enriquecimiento de una de las partes del proceso en desmedro del patrimonio nacional”. Uno de los denunciantes en esta causa fue el ex canciller y actual diputado nacional Rafael Bielsa.
La segunda causa está relacionada con un amparo presentado contra la Lotería Nacional por la instalación de máquinas tragamonedas. Se le critica a Miralles haber hecho lugar a medidas cautelares amparando “poderosos intereses económicos” para que funcionen tragamonedas, no sólo ya instaladas, sino también nuevas cuando no están permitidas. Por otra parte se lo acusa de permitir que funcionen las máquinas durante 45 días en la ciudad de Buenos Aires “no perteneciendo a la competencia territorial del juzgado” a su cargo.
El último expediente también está relacionado con las competencias territoriales. Se trata de un amparo contra el Banco CMF al que se le ordenó el pago de cuatro plazos fijos. “No interesa aquí qué resolvió el juez y cómo decidió la cuestión, porque no se está evaluando su pensamiento. Pudo acceder a la cautelar y devolver total o parcialmente lo reclamado o rechazarla, pero siempre cumpliendo los recaudos legales”.
Las acusaciones fueron aprobados por los consejeros Marcela Rodríguez, Federico Storani, Beinusz Szmukler y Carlos Kunkel; mientras que Luis Pereira Duarte se abstuvo. Ahora los pedidos de juicio político deben ser tratados por el plenario del Consejo. Si son ratificados, Miralles quedará suspendido en su cargo por 180 días. En ese plazo el Jurado de Enjuiciamiento deberá llevar adelante el juicio político, en el que si el juez es encontrado responsable de las acusaciones, será destituido.
La Comisión de Acusación designó como fiscales para representar al Consejo ante un eventual juicio a Szmukler, Rodríguez y Kunkel.