"La preocupación es muy concreta: ¿qué hacemos con el artículo 27 de la ley, que dice que hay que proveer un abogado a todo menor, a toda niña, niño o adolescente que esté sometido o vinculado a un procedimiento administrativo o judicial? Debo creer que en este momento en todos los procedimientos administrativos que se inician en la Ciudad, cada niño vinculado a esto cuenta con un defensor, con un abogado que no puede ser el Defensor de Menores e Incapaces”, dijo irónicamente Martínez y luego agregó “en realidad yo creo que esto es una mera expresión de deseos de mi parte”.
La Defensora General se refirió así a la ley este viernes al inaugurar la “Primera Jornada de Discusión sobre la Implementación del artículo 27 de la Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes”, que se realizó en la Universidad del Museo Social Argentino y que contó con la presencia de defensores oficiales y jueces de menores, entre otros.
El artículo 27 de la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes señala las garantias que el Estado debe brindarles a los menores en cualquier proceso judicial. Entre ellos se encuentra “a ser asistido por un letrado preferentemente especializado en niñez y adolescencia desde el inicio del procedimiento judicial o administrativo que lo incluya. En caso de carecer de recursos económicos el Estado deberá asignarle de oficio un letrado que lo patrocine”.
Martínez señaló que la Ley 26.061 logró poner “entre la espada y la pared a nosotros, (defensores públicos, jueces, asistentes oficiales, funcionarios del área de minoridad) que somos operadores y que ya no podemos mirar para otro lado; ya no hay ni siquiera el menor resquicio”.
Así, Martínez exhortó a implementar la ley “porque a partir de este momento los Defensores de la ley, los Defensores de Menores e Incapaces cada vez que les llegue una causa judicial con un niño sin abogado, van a tener que pedir a quien sea que se lo provea. Y ese abogado tiene que estar y de ser posible tiene que ser una persona capacitada en esta temática. De lo contrario, los Asesores, los Defensores de Menores e Incapaces, me temo que se van a ver incursos en un incumplimiento de los deberes de funcionario público”.
La Defensora General también se refirió a la Convención sobre los Derechos del Niño que “hace casi 20 años que nuestro país aprobó” pero, dijo, que “no cambió nada".
En ese marco, Martínez anunció la creación de la Comisión de Seguimiento del Tratamiento Institucional de Niñas, Niños y Adolescentes, que tendrá como función la visita a todos los centros de internación del país donde se alojen menores.