La Comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia de la Legislatura de Neuquén decidió archivar los pliegos de 11 postulantes a jueces designados en diciembre del año pasado por el Superior Tribunal de Justicia para cubrir vacantes en distintos juzgados de la provincia.
La resistencia a tratar los pliegos estaba instalada en el bloque del MPN desde que el TSJ elevó, en marzo de este año, los últimos expedientes a la Legislatura. Varios legisladores entendieron que había sido una decisión cuando menos “desprolija”, ya que se presentaron candidatos a jueces
cuatro días antes de que la nueva Constitución provincial entrara en vigencia.
La decisión del cuerpo legislativo fue avalada por la mayoría de los legisladores (del oficialismo y de la oposición). No obstante, el diputado Carlos Macchi, del bloque de Apertura Popular de Neuquén, no acompañó la propuesta por considerar que los nombramientos de los magistrados “se hicieron conforme a la Constitución vigente del momento”.
Por su parte, el presidente de la Comisión, el diputado Oscar Gutiérrez, reivindicó lo actuado por la justicia en diciembre pasado y garantizó que la ley que regulará el funcionamiento del Consejo de la Magistratura estará sancionada, a más tardar,
en la primera quincena de agosto. Ese órgano será el encargado de elegir a los nuevos magistrados y funcionarios judiciales.
En tanto, Raúl Radonich, del Frente Grande, sostuvo que la decisión de girar al archivo los 11 pliegos “genera un mejor clima para debatir el Consejo de la Magistratura y evita una confrontación institucional que no arrojaría ni vencedores ni vencidos”. No obstante, se especula que esta decisión de archivar los 11 candidatos puede
generar una crisis adentro del STJ local.
Diversas organizaciones locales habían rechazado la
designación masiva de funcionarios por parte del Superior Tribunal. Muchos habían llegado a hablar de una colonización del Poder Judicial de esa provincia. E incluso, los miembros de la Asociación de Magistrados decidieron retirarse del proceso y cuestionaron la legalidad de los nombramientos porque cayeron en manos de abogados sin antecedentes o con estrechos vínculos con el gobierno de Sobisch.
En ese momento también se supo que el STJ, en apenas dos años, produjo una formidable renovación del Poder Judicial designando un total de 51 magistrados y funcionarios.
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