La acusación fue aprobada este jueves por los consejeros Bindo Caviglione Fraga, Joaquín Da Rocha, Juan Carlos Gemignani, Ricardo Gomez Diez, Carlos Kunkel, Eduardo Orio, Lino Palacio, Luis Pereira Duarte, Victoria Perez Tognola, Humberto Quiroga Lavié, Marcela Rodríguez, Federico Storani y Beinusz Szmukler.
Miralles, titular del Juzgado Civil, Comercial y Contencioso Administrativo Federal Nº 4 de La Plata, está acuasado de cometer irregularidades al incumplir reiteradas indicaciones de la Cámara Federal de Apelaciones de la Plata y de violar la competencia territorial.
Con la aprobación del juicio político, Miralles quedó suspendido en su cargo por 180 días, hasta que el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados resuelva si destituye al juez o lo restituye en su cargo. El Consejo designó para actuar como fiscales del juicio a Rodríguez y Szmukler y a Kunkel como acusador suplente.
LAS CAUSAS
En una de las causas, Miralles fue denunciado por el ex canciller y actual diputado nacional Rafael Bielsa. Se trata de un expediente en el que la ex empresa estatal Ferrocarriles Argentinos había sido condenada a pagar 960.000 australes, equivalentes a 96 dólares según la ley de convertibilidad de 1991, más intereses y actualización. Miralles está acusado de incumplir “las indicaciones de la Cámara Federal de Apelaciones acerca del modo de aplicar los astreintes fijados, que implica una diferencia irracional a favor del actor de más de un millón de pesos o dólares”, señala el dictamen acusatorio.
Por este hecho el Estado debió desembolsar cerca de 2.277.000 pesos/dólares. El dictamen agrega que el juez “permite la comisión de una maniobra que genera un indebido enriquecimiento de una de las partes del proceso en desmedro del patrimonio nacional”.
Otras dos causas son por competencia de territorialidad en la tramitación de amparos. Uno de ellos fue presentado por empleados del juego de azar contra Lotería Nacional para la instlación de maquinas tragamonedas. Miralles fue acusado por hacer lugar a medidas cautelares para que funcionen tragamonedas, no sólo ya instaladas, sino también nuevas, cuando no estaban permitidas. Por otra parte, se le critica permitir que funcionen las máquinas durante 45 días en la ciudad de Buenos Aires “no perteneciendo a la competencia territorial del juzgado” a su cargo.
En el otro expediente el juez le ordenó al banco CMF el pago de cuatro plazos fijos cuando la causa correspondía a la jurisdicción de la Capital Federal. La doctrina de la Cámara Federal de Apelaciones establece que en los amparos se deben dictar medidas cautelares pero después remitirlo a la jurisdicción en que debe tramitarse; esto último Miralles no lo hizo. “No interesa aquí qué resolvió el juez y cómo decidió la cuestión, porque no se está evaluando su pensamiento. Pudo acceder a la cautelar y devolver total o parcialmente lo reclamado o rechazarla, pero siempre cumpliendo los recaudos legales”, señala el dictamen acusatorio.