En un breve dictamen solicitado por el Presidente del Directorio de la Lotería Nacional, al que tuvo acceso este medio, el Procurador del Tesoro de la Nación, Osvaldo Guglielmino, aseguró que las resoluciones del juez Contencioso Administrativo y Tributario porteño Roberto Gallardo, en el tema de los casinos flotantes, carecen “de la mínima seriedad jurídica” y que la Ciudad de Buenos Aires “no tiene ninguna facultad respecto de los juegos de azar”.
Luego de recordar los antecedentes del conflicto entre ambos jueces y de detallar los cambios que introdujo la reforma constitucional de 1994, y su influencia sobre la Carta Magna de la Ciudad, el Procurador del Tesoro destacó que
el interés del gobierno federal en la actividad del juego y su regulación “se encuentra en el principio de solidaridad nacional” y en el cumplimiento del inciso 19 del artículo 75 de la Constitución Nacional, que tutela la justicia social y el crecimiento armónico, para equilibrar el desigual desarrollo relativo de provincia y regiones.
En referencia al caso del Casino Flotante, el último de los dos que abrieron en Puerto Madero, Guglielmino resaltó además la potestad del Congreso para reglamentar la navegación fluvial (artículos 10,12 y 75, inciso 10, de la CN) y que los límites territoriales de la Capital Federal deben ser una calle de 100 metros de ancho, cuando menos, en el límite del territorio cedido. “Lo antedicho afirma la jurisdicción nacional sobre el puerto, a la vez que excluye la jurisdicción del Gobierno de la Ciudad, mas allá de los limites instituidos por el acuerdo de cesión”, subrayó el Procurador.
No sólo eso. Asimismo, promediando el informe de 8 carillas, fechado el 20 de junio, Guglielmino sostuvo que “es claro” que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires “no tiene ninguna facultad respecto de los juegos de azar”, salvo que le haya sido concedido por Lotería Nacional S.E.
“Tampoco puede regular (el gobierno porteño) la actividad de la navegación fluvial. Además sólo los jueces federales tienen jurisdicción sobre este asunto”, agregó en el siguiente párrafo. Por último, Guglielmino fue muy duro con las decisiones del juez Gallardo, aunque no lo nombró, al decir que son “carentes de la mínima seriedad jurídica”.
La disputa jurisdiccional entre Gallardo y Fernández tiene varios capítulos. De hecho ya llegó a la Corte. Sin embargo detrás de esa disputa se esconde una pelea mucho más fuerte: la económica.
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