En tanto, el juez federal en lo Penal Económico Julio Speroni, a quien la Sala Segunda de la Cámara Federal le ordenó ayer que se inhiba de seguir investigando en la causa por el contrabando de armas y municiones a Croacia, dio vista a los fiscales y las defensas de ese reclamó, a la vez que les notificó que abrió “un incidente de inhibitoria” para el tratamiento de lo decidido por la Cámara Federal.
Speroni hizo saber también que continuará, hasta tanto se adopte una resolución, con el trámite de la causa, razón por la cual en su juzgado se continuaba trabajando con los cuestionarios a Emir Yoma y Menem, quienes serán indagados el 6 y el 7 de noviembre, respectivamente, por el delito de contrabando agravado de armas.
En tanto Diariojudicial.com pudo saber que la resolución del tribunal federal causó inquietud en el seno de la Cámara en lo Penal Económico, cuyos integrantes mantuvieron reuniones informales en la mañana de hoy para analizar los alcances de la medida.
Menem y el pronto despacho
Los abogados Oscar Roger y Oscar Salvi presentaron hoy un escrito ante los camaristas de la Sala II, Martín Irurzun, Horacio Cattani y Eduardo Luraschi, a quienes le solicitaron el "pronto despacho" de una resolución que confirme o revoque la prisión preventiva dictada por el juez Jorge Urso.
Según lo establece el artículo 127 del Código Procesal Penal “vencido el término en que deba dictarse una resolución el interesado podrá pedir pronto despacho y si dentro de tres días no lo obtuviere podrá denunciar el retardo al tribunal que ejerza la superintendencia, el que previo informe del denunciado proveerá enseguida lo que corresponda”.
Salvi anticipó que recurrirá en "queja" a la Corte Suprema de Justicia por "denegación y retardo de justicia", en caso de que la Cámara Federal no tome una resolución en los próximos tres días, tal como se preveía cuando se conoció la resolución de la Cámara por la cual se reclamaba unificar en el juzgado federal a cargo de Jorge Urso todas las causas en las que se investigan las maniobras por la venta ilegal de armas. Cabe destacar que la Corte Suprema y no la Cámara de Casación Penal es quien ejerce la superintendencia, tanto sobre las cámaras nacionales como sobre las federales.
Urso y la Cámara rechazaron un pedido de excarcelación formulado por la defensa de Menem, por lo que la movida de sus defensores apuntaría a que el incidente llegue rápidamente al alto tribunal, ya que fuentes judiciales consultadas indicaron que la Cámara rechazará el planteo de los abogados, quienes plantearán el retardo de justicia, al no haberse resuelto la situación procesal del ex mandatario, quien cumple arresto domiciliario en una quinta de la localidad de Don Torcuato.
A raíz de la resolución firmada por los camaristas Martín Irurzun, Horacio Cattani y Eduardo Luraschi de no definir si confirma o no el procesamiento y la prisión preventiva dictada por Urso contra Menem, el abogado Salvi advirtió que "jamás una cuestión de forma debe ser privilegiada sobre una cuestión de fondo de un conflicto".
"La Cámara decidió en contra del derecho del procesado y ha dejado al doctor Menem en una situación incierta hasta que se dirima un conflicto de competencia, que puede durar hasta un año", se quejó el letrado, quien al conocer la decisión de la Cámara recordó que habían sido la propia defensa quien oportunamente reclamó la unificación de los expedientes. Sin embargo, el letrado consideró que ahora no era el momento oportuno.
En declaraciones radiales, Salvi rechazó que la resolución de la Cámara haya beneficiado la situación de Menem y, por el contrario, estimó que el ex presidente fue "perjudicado" porque esto "aumenta la incertidumbre".
Recalcó que Speroni, "va a consultar a cada una de las partes involucradas" antes de dejar el caso en manos de Urso, y advirtió que, en todo caso, la unificación de las causas debería haber caído en Speroni "por la gravedad" de los delitos investigados.
En ese sentido, se pudo saber que la defensa de Emir Yoma tiene previsto solicitar a Speroni que reclame la unificación de las causas en su juzgado, donde el delito que se investiga de contrabando agravado prevé penas que van de cuatro a doce años de prisión.
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