La Caja de Seguridad Social para Abogados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CASSABA) recibió otro revés judicial. Esta vez fue la Justicia Comercial la que declaró inconstitucional la polémica caja y “toda normativa dictada en su consecuencia”. La medida fue dictada por el titular del Juzgado Comercial Nº 5 Fernado Durao. El magistrado dijo que el artículo 125 de la Constitución Nacional establece que "las provincias y la ciudad de Buenos Aires pueden conservar organismos de seguridad social para los empleados públicos y los profesionales" pero que no pueden crear sistemas de Seguridad Social. Durao afirmó que "la facultad de legislar sobre la Seguridad Social corresponde al Congreso de la Nación conforme lo dispone el art. 75 inc.12 CN". "Bajo tal óptica la Ley 1181 (de CASSABA) es manifiestamente inconstitucional ya que viola las disposiciones de la Carta Magna, en sus arts.14 bis, 31, 75 inc.12, 125 y 126, 129 y cdtes.", completó el juez en su sentencia del pasado 20 de julio. Citando un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el juez señaló que "ninguna carga tributaria puede ser exigible sin la preexistencia de una disposición legal encuadrada dentro de los preceptos y recaudos constitucionales, esto es, válidamente creada por el único poder del Estado investido de tales atribuciones -arts. 4º, 17, 44 y 47 de la Constitución Nacional". Cabe recordar que la Justicia en lo Contencioso Administrativo Federal declaró inaplicable la Ley 1181. Sin embargo está resolución se encuentra apelada ante la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, por lo cual la normativa que creó a CASSABA aún sigue vigente.(texto completo)
Convenio
El Ministerio Público de la Defensa y Diario Judicial.com firmaron un convenio de colaboración que permitirá que los defensores de todo el país reciban una selección especial de noticias de interés para la defensa pública. El presente convenio se enmarca en la tarea de difusión y colaboración que Diario Judicial.com presta a distintas instituciones públicas nacionales, provinciales y municipales vinculadas con el Derecho.
Desestimación
La Comisión de Acusasión del Consejo de la Magistratura rechazó este martes un pedido de juicio político contra el juez federal Norberto Oyarbide por el caso del local nocturno Spartacus. Oyarbide fue denunciado por no presentarse a declarar en una causa por calumnias e injurias iniciada contra el magistrado por los hijos del abogado Luis Darritchon. El letrado denunció a Oyarbide porque a su vez el juez lo denunció por extorsión. El magistrado dijo que Darritchon le pidió 150.000 dólares para que no se difundiera un video privado del magistrado con connotaciones sexuales. Con los votos de los consejeros Diana Conti, Federico Storani, Luis Pereira Duarte, Carlos Kunkel y Nicolás Fernández, la denuncia fue desestimada. Por su parte, Marcela Rodríguez y Beinusz Szmukler se inclinaron por el pedido de juicio político. La decisión de la Comisión debe ser ratificada por el plenario del Consejo.
Política de Estado
El Secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde, junto a autoridades provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en esa materia, inauguraron este miércoles la I Reunión de Altas Autoridades de Derechos Humanos de la República Argentina, que se desarrollará hasta el 11 de agosto en la ciudad de Buenos Aires. La Agenda de la reunión comprende diversos temas, entre los que se destacan la constitución del Consejo Federal de Altas Autoridades en Derechos Humanos, la implementación del Protocolo Facultativo de la Convención contra la tortura, las bases para una Ley Federal de Derechos Humanos, los casos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (OEA), y los juicios contra los represores.
Suspenso
Los conjueces encargados de revisar los agravios presentado por el ex ministro de la Corte Antonio Boggiano sobre la legalidad del juicio político del que fue objeto, llamaron a un cuarto intermedio hasta el próximo miércoles a las 11hs. En esta fecha, se decidirá si el juicio político que terminó con la destitución del recurrente cumplió con los requisitos de legalidad exigidos en el procedimiento en cuestión, sin afectar los derechos del destituido magistrado.
Solidaridad
Los diputados del PRO Federico Pinedo, Paula Bertol, Nora Ginzburg y Eugenio Burzaco presentaron un escrito ante el Consejo de la Magistratura bonaerense para solicitar que no se promueva el juicio político contra la juez de menores Inés Siro, quien rechazó el pedido de aborto a una menor discapacitada que había sido violada. Los legisladores aseguraron en el escrito que la juez actuó conforme a derecho. “No hay una norma nacional ni internacional actualmente vigente en el país que obligue a un juez a interrumpir un embarazo por pedido de un familiar. Lo que establece el Código Penal es que si una persona lleva adelante un aborto dentro de determinadas condiciones el mismo no será penado. Una cosa es que un delito no deba merecer pena y otra es sostener que los funcionarios deben colaborar con la realización de un acto reprochable” afirmaron los diputados. Además agregaron: “Creemos que el pedido de juicio político obedece a la búsqueda de efectos publicitarios por parte de los peticionantes, que son militantes permanentes a favor de la legalización de los homicidios de los niños por nacer cuando sus madres así lo quieran”.