Aún hoy, aquellas personas que están detenidas y procesadas por algún delito
no pueden participar de ninguna elección, salvo casos específicos en donde intervino la Justicia. A nivel nacional, unos 42 mil presos (el 60% del total) están cerca de obtener ese derecho. Para ello,
sólo hace falta que el presidente Néstor Kirchner firme un decreto. No obstante, el diputado Gustavo Ferrari (UCR), que presentó un proyecto de ley a principios de este año, volvió a insistir en los últimos días con
una reforma de la ley electoral de la Provincia de Buenos Aires, que permita a las personas privadas de la libertad, y alojadas en cárceles bonaerenses, participar en las elecciones de 2007.
La iniciativa parlamentaria contempla a todos aquellos que se encuentren cumpliendo alguna medida de coerción, ya sea en calidad de detenidos, bajo prisión preventiva o arresto. En la actualidad, el
artículo 3 de la Ley 5109 (ley electoral provincial) establece que no podrán votar los detenidos por orden de juez competente. El proyecto propone, justamente, derogar ese artículo.
“Carece de sustento, pues la inhabilitación para sufragar esta prevista por el Código Penal sólo para los condenados –y por el tiempo de la condena-, resultando totalmente injustificado privar de sus derechos políticos a quienes todavía no tienen esa condición, y de ahí la necesidad de derogarla”, sostuvo Ferrari, que también le pidió a Kirchner
que reglamente la ley sancionada por el Congreso nacional en 2003.
Sin embargo, el procurador penitenciario federal, Francisco Mugnolo, le dijo a
Diariojudicial.com que si el Presidente firma ese decreto,
todos los presos que no tengan condena podrán votar, incluidos los de las cárceles bonaerenses. “El problema de la Provincia son los miles de personas alojados en comisarías”, sostuvo el funcionario. “Hemos discutido mucho sobre esto y concluimos que la reglamentación debería hablar de
presos alojados en centros penitenciarios”, explicó.
Según datos oficiales, unos
42 mil reclusos podrían votar en los próximos comicios si Kirchner firma el decreto. Ese grupo, que no obtuvo condena, representa
el 60 % de los presos de todo el país (cerca de 70 mil en la actualidad).
El decreto reglamentario es
una cuenta pendiente del Poder Ejecutivo: la ley que derogó un artículo del Código Nacional Electoral preveía
un plazo de dos años para su reglamentación.
Esa norma, que surgió de un proyecto de la actual procuradora Maria del Carmen Falbo, se dictó en respuesta a
un fallo de la Corte Suprema, de 2002. El proceso judicial se había iniciado por una acción de amparo presentada en la justicia federal con competencia electoral por el Centro de Estudios Legales y Sociales, en octubre de 1998. En la resolución se afirmó que el inciso "d" del artículo 3 del Código Electoral violaba el principio de presunción de inocencia y la igualdad de los detenidos sin condena, consagrados en la Constitución.
dju / dju
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