Ferrer consideró que se podría haber incurrido en la "compra de conciencia, atentatoria de la libertad de sufragio y de la indispensable transparencia de la voluntad popular, esencia de la democracia, y de la violación a los deberes de funcionarios públicos". Además, el fiscal ponderó que existiría un mal manejo de los planes Trabajar, remitidos por la Nación y administrados por la provincia.
La semana antes de los comicios generales se produjeron enfrentamientos y peleas en la puerta de la Caja Popular de Ahorro de la capital provincial, entre cientos de personas que pugnaban por cobrar la primera cuota de un subsidio laboral de 120 pesos.
Estos fondos beneficiaron a 6.000 personas y fueron administrados por la provincia, aunque eran recursos de la Nación.
La denuncia de la que ahora toma intervención Ferrer había sido presentada el 10 de octubre pasado, cuatro días antes de las elecciones, por el delegado en Tucumán de la Defensoría del Pueblo de la Nación, Oscar López, quien consideró que dirigentes justicialistas habrían intentado influir en la conciencia de los ciudadanos mediante el otorgamiento de ayuda social.
Al presentar su denuncia, López reclamó a la justicia que dispusiera que, durante la veda electoral, no se realizara la distribución de ningún beneficio que pudiera significar un canje por el voto a determinado partido político.
Pero la Justicia Electoral no se pronunció en ese momento y las largas colas y los problemas entre quienes reclamaban aportes estatales continuaron hasta horas antes de las elecciones.