A fines del año 2001, las cacerolas resonaban en todo Buenos Aires bajo la consigna: “que se vayan todos”. Al mismo tiempo, los ahorristas acudieron al Poder Judicial en busca de una respuesta que no obtenían del sector político. ¿Es necesario recordar el esfuerzo y la dedicación, puesta en juego por la Justicia en la resolución de los amparos?
Sin embargo, a casi cinco años de esa consigna popular, los únicos que se van son los jueces. Todas las semanas nos enteramos de algún estimado colega que ha optado por la jubilación, cada tanto arrecian rumores de “retiros anticipados” y otras tentadoras ofertas que invitan a evitar el desgaste de la exposición pública permanente a cambio de una entrada asegurada; no suena muy ético, pero, en este cuadro de situación, puede ser conveniente.
Los ahorristas marchaban con bombos por el Palacio de Justicia; los familiares de víctimas de delitos marchan con cacerolas y hasta con bidones de nafta en algún caso extremo; los pedidos de juicio político se han transformado en una tercera o cuarta instancia, y, muchas veces, son alentados por espurios motivos político-partidarios o por la búsqueda de una notoriedad a cualquier precio.
Es claro que toda esta actividad tiene como única finalidad inclinar la balanza a favor de los manifestantes, esto se llama presión en cualquier lugar del mundo. Por otro lado, el proceso de designación de jueces se ha modificado con la incorporación de dos instancias más sólo para impugnar a los candidatos. Todo esto suma presiones y un grado de exposición que atentan contra la serenidad que debe tener un magistrado al momento de tomar una decisión jurisdiccional, se hace difícil mantener en equilibrio tanto a la balanza de la justicia como a la psiquis del juez.
¿Es necesario recordar aquí las licencias psiquiátricas que plagan nuestros juzgados, señalando el nivel alarmante de stress de nuestra función?
La palabra “cubrirse” no debería integrar jamás el léxico de un juez, él debería sentir el respaldo de las instituciones y de sus colegas para asegurar la independencia de criterio con que debe actuar.
La independencia de los jueces no es un privilegio corporativo, sino un derecho del pueblo, nunca está de más recordarlo, sobre todo cada vez que se ve amenazada por las presiones de alguna parte interesada en la resolución.
Pensándolo bien, quizás el número de 142 sea poco y debamos lamentar mas bajas. Espero estar equivocado.
En el diario hablaban de ti
Por Hugo Norberto Cataldi
En La Nación del 10 de septiembre de 2006 podemos encontrar una voz que en torno a la renuncia de 142 jueces manifestó: “Según conversaciones que ha mantenido con alguno de los renunciantes, ello es consecuencia fundamentalmente del cansancio moral que pesa sobre los mismos y la sensación de ausencia de una política de auténtica defensa de sus legítimos intereses”.
Es función de los jueces, conocer en las causas donde siempre existen posturas antagónicas y es su deber tomar una decisión de acuerdo a la prueba reunida y a su leal saber y entender. Desde hace ya un tiempo, la parte perdidosa en vez de utilizar los recursos procesales existentes para remediar lo que a su criterio es una decisión equivocada, se presenta solicitándole juicio político ante el Consejo de la Magistratura, como si este fuera una instancia más del proceso.
Es necesario por lo tanto desde la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional tener una política firme en defensa de los magistrados, para que se sientan respaldados por una entidad que está a su lado, dispuesta a defenderlos ante quien corresponda para garantizarle el debido respeto que como magistrado de la nación se merece.
Eso no se puede conseguir sino es a través de la existencia de una Comisión de Defensa del Magistrado, que actúe en el seno de nuestra Asociación pero de manera independiente de la autoridades que circunstancialmente conduzcan aquella y que tengan por función acompañar, a través de un cuerpo de letrados que al respecto se seleccionen, a todos aquellos colegas que sientan que puede verse afectada su independencia o se los cuestione por el contenido de su decisión.
Asimismo le corresponderá intervenir ante la existencia de infundados ataques que sufren los jueces como es el actual caso de una señora Juez de Instrucción, propugnando la inmediata respuesta a tales hechos por las autoridades que correspondan. Estimo que esa puede ser una de las medidas que nosotros mismos a través de nuestra Asociación de Magistrados debemos tomar a efectos de concluir con esta sangría que está haciendo que el Poder Judicial de la Nación pierda a juristas respetados y con reconocida trayectoria en su función.