Si Terán, titular del Juzgado Federal Nº 2 de Tucumán, es encontrado culpable de las acusaciones será destituido de su cargo. En caso contrario, volverá a su cargo en el que está suspendido desde el 8 de junio cuando el Consejo de la Magistratura de la Nación aprobó el juicio.
Terán está acusado por el diferimiento de pagos y pesificación de títulos de deuda pública que ordenó pagar durante la crisis financiera del 2002 a través de la concesión de medidas cautelares y que permitieron el enriquecimiento sin causa de los amparistas.
Las audiencias del juicio comenzarán este lunes a las 14:30 horas y se extenderán, por la mañana y la tarde, el martes y miércoles. El viernes será el turno de los alegatos de la defensa y la físcalia. Luego el Jurado definirá la fecha del vericto que tiene que ser antes del 5 de diciembre. En esa fecha vence el plazo de 180 días de la suspensión de Terán en su cargo.
El magistrado será defendido por los abogados Francisco D´Albora (H) y Marcelo Brito. Por su parte, la fiscalía estará representada por dos integrantes del Consejo: el abogado Luis Pereira Duarte y el diputado del Frente para la Victoria Carlos Kunkel. Durante el juicio declararán 17 testigos. Entre ellos, el juez federal de Resistencia, Chaco, Carlos Skidelsky, convocado por la defensa.
El Tribunal que juzgará a Terán será presidido por primera vez por Eugenio Zaffaroni. El ministro reemplaza en ese cargo a su colega de la Corte Elena Highton de Nolasco. El resto del Jurado está integrado por: Enrique Basla, Sergio Gallia, José Luis Zavalía, Guillermo Sagués, Ramiro Puyol, Manuel Baladrón, Aidée Vázquez Villar y Eduardo Roca.
El mismo día que Terán fue enviado a juicio político, el Consejo también aprobó los jurys contra el ahora ex juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil Carlos Degiorgis y la juez de primera instancia en lo Contencioso Administrativo Federal Emilia Marta García.
El juicio contra García sería a comienzos de noviembre. La suspendida magistrada, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 9, está acusada de haber actuado como síndico de una empresa financiera que transfirió los bienes de tres detenidos desaparecidos (Victorio Cerruti, Horacio Palma y Conrado Gómez) al dictador Emilio Massera y otros represores de la ESMA durante la última dictadura militar.
Por su parte, el jury contra Degiorgis, ex integrante de la Sala K de la Cámara Civil, no se llevará a cabo porque el magistrado presentó su renuncia que fue aceptada por el presidente Néstor Kirchner. Degiorgis estaba acusado de irregularidades en la revocatoria de una sentencia por una sucesión de 46 millones de pesos.