Tres magistrados que fueron suspendidos por el Consejo de la Magistratura acusados de cometer irregularidades y mal desempeño en su cargo, ahora deberán afrontar juicios políticos que se realizarán en los próximos meses. Se trata de Emilia Marta García, juez de primera instancia en lo Contencioso Administrativo Federal, Felipe Terán, juez federal de Tucumán, y Julio Miralles, juez federal de La Plata.
Si todos estos magistrados son encontrados responsables de las acusaciones que pesen en su contra, serán destituidos de sus cargos; caso contrario retomarán la actividad judicial.
Por otra parte, un cuarto juez que iba a afrontar un juicio político, no lo hará. Se trata del juez de la Sala K de la Cámara Civil Carlos Degiorgis. El Consejo lo acusó por irregularidades en la revocatoria de una sentencia de primera instancia por una sucesión de 46 millones de pesos pero la semana pasada el presidente Néstor Kirchner aceptó la renuncia que Degiorgis había presentado. Este es el segundo caso en el que Kirchner acepta la dimisión de un juez suspendido y con un proceso de juicio en marcha. El primer caso fue el del juez en lo Penal Económico Carlos Liporace. Por otra parte, García también presentó su renuncia.
En relación al juicio que se le sigue a Caro, el magistrado está acusado de mal desempeño en la investigación de la muerte del soldado Carrasco, cuyo cuerpo fue encontrado sin vida el 6 de abril de 1994 en el Batallón 161 del Ejército Argentino de Zapala. Puntualmente Caro está acusado de haber cedido la competencia en la jurisdicción toda vez que se siguió una investigación paralela del Ejército, la pérdida de pruebas por incompetencia y gravísimas dilaciones en la toma de las testimoniales de dos testigos.
Ya se escucharon los alegatos de la defensa y la fiscalía y el próximo 15 de agosto el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados dará su veredicto.
Después del juicio a Caro, comenzarán el resto de los jurys de los cuales resta definir las fechas. Los magistrados enjuiciados serán:
Emilia Marta García: Es titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 9. Está acusada de haber actuado como síndico de una empresa financiera que transfirió los bienes de tres detenidos desaparecidos (Victorio Cerruti, Horacio Palma y Conrado Gómez) al dictador Emilio Massera y otros represores de la ESMA durante la última dictadura militar. Si el juicio político prospera y García es destituida, perderá sus fueros y el juez que investiga el desapoderamiento de bienes, Sergio Torres, podría citarla a declarar.
Felipe Terán: Es titular Juzgado Federal Nº 2 de Tucumán. Se lo acusa de ordenar el pago en dólares de títulos de la deuda pública en default. Por los mismo hechos está siendo investigado el otro juez federal tucumano, Jorge Parache.
Julio Miralles: Es titular del Juzgado Civil, Comercial y Contencioso Administrativo Federal Nº 4 de La Plata. Está acusado de cometer irregularidades al incumplir reiteradas indicaciones de la Cámara Federal de Apelaciones de la Plata en el pago de los astreintes fijados por una diferencia millonaria en una causa contra la ex empresa estatal Ferrocarriles Argentinas; y de violar la competencia territorial en la instalación de máquinas tragamonedas y el pago de plazos fijos.
Por otra parte, el Consejo debe resolver la situación del juez del Tribunal de Menores Nº 1, Marcelo Arias, que la Comisión de Acusación aprobó suspender y enviar a juicio político, decisión que debe ser ratificada por el pleno del cuerpo. Arias está acusado de olvidar ordenar la libertad de un hombre que había sido absuelto, error por el cual estuvo detenido 8 meses de más en la cárcel de Devoto. El magistrado también presentó su renuncia.
Además, en lo que va del año, el Jurado de Enjuiciamiento ya destituyó a Eduardo Fariz, ex juez federal de Reconquista, Santa Fe, por irregularidades en la investigación de causas de tráfico de drogas y la manipulación del sistema de elección de conjueces. En otro juicio, el Jurado absolvió a dos camaristas de Chaco, Beatriz Fernández y Tomás Inda. Fueron acusados por utilizar indebidamente un habeas corpus que liberó a 11 represores acusados de crímenes de lesa humanidad cometidos en la última dictadura militar. Inda ya no es más juez: Kirchner le aceptó la renuncia que había presentado antes del juicio.